Frente a la masacre en Pataz y la expansión de mafias ligadas a la minería ilegal, gremios empresariales y laborales demandan acciones inmediatas, una política integral contra el crimen y el fin de la impunidad.
El asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, ha encendido las alarmas en todo el país y provocado una respuesta enérgica de gremios empresariales y laborales, quienes, en un mensaje conjunto, exigen al Estado actuar con urgencia y decisión para enfrentar al crimen organizado que viene tomando el control de varias regiones del país.
“Empresarios y trabajadores unidos exigimos acción urgente contra la criminalidad en el país”, señalaron con firmeza en un comunicado conjunto, que califica de atroz el asesinato de los trabajadores a manos de una banda criminal vinculada a la minería ilegal, a pesar del Estado de Emergencia y la presencia militar en la zona.
Los gremios afirman que este no es un hecho aislado, sino el resultado de una ausencia de políticas públicas eficaces para enfrentar la criminalidad. También cuestionaron duramente la existencia del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), mecanismo que —advierten— ha sido aprovechado por operadores ilegales para expandirse sin control bajo una aparente cobertura de formalización.
“Hoy no solo están en riesgo los trabajadores y empresarios mineros. Todo el aparato productivo del país está amenazado. Emprendedores, transportistas, agricultores, comerciantes y ciudadanos viven bajo el acecho de mafias que actúan impunemente”, denuncian.
Ante esta crítica situación, el empresariado y el movimiento laboral demandan al Gobierno central recuperar el control del territorio, restablecer el orden y la seguridad, y diseñar una estrategia integral que combata el crimen organizado, a la par de impulsar una formalización minera real, transparente y sostenible.
“No podemos seguir permitiendo que regiones enteras queden secuestradas por la ilegalidad. El Perú necesita un Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo formal”, concluye el documento.
