Ciudadanos exigen respuestas ante una ola de criminalidad que crece sin control. Especialistas advierten que algunas leyes recientes terminan favoreciendo a los delincuentes y limitando la acción policial y judicial.
En los últimos meses, la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones del país. Robos, extorsiones, asesinatos y crímenes organizados se han convertido en parte del día a día. Lejos de combatir con firmeza este problema, diversos sectores acusan al Gobierno de actuar con pasividad —e incluso complicidad— al aprobar leyes que, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, parecen protegerla.
Analistas coinciden en que normas como la reciente reducción de penas para ciertos delitos, limitaciones en las detenciones preventivas o restricciones en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional han generado un efecto desalentador entre los agentes del orden y un mensaje de impunidad para los criminales.
“Hay una percepción muy clara: el Gobierno no está del lado de los ciudadanos, está del lado de los delincuentes”, afirma un especialista en seguridad ciudadana, quien advierte que muchas medidas legales están debilitando a las fuerzas del orden y al sistema de justicia.
A esto se suma la lentitud del Congreso para promulgar leyes efectivas contra el crimen organizado, así como la inacción frente a propuestas clave presentadas por entidades técnicas y regionales.
Vecinos de distritos como San Juan de Lurigancho, El Agustino y Ventanilla ya no confían en las autoridades. “Vivimos en toque de queda no oficial, salimos con miedo, y si uno se defiende, lo procesan”, comenta indignado un comerciante local.
Ante esta grave situación, diversos colectivos sociales están convocando marchas y plantones para exigir reformas legales urgentes, apoyo efectivo a la Policía y la declaración de emergencia en zonas críticas del país.
La ciudadanía ya no solo exige seguridad: exige justicia y un Estado que defienda a los peruanos honestos, no a quienes viven al margen de la ley.
