Un nombramiento bajo sospecha sacude al Parlamento y genera llamados a una investigación urgente.
Una nueva controversia remece al Congreso de la República. Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), fue designada como jefa del recién creado Centro de Modalidades Formativas, percibiendo un sueldo superior a los S/19 000 mensuales, pese a no cumplir con los requisitos exigidos para el puesto, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.
Lozano, de 36 años, solo ostenta el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia de César Acuña, lo que según el reglamento interno apenas le permitiría acceder a cargos técnicos de menor remuneración.
El Centro de Modalidades Formativas fue creado en septiembre de 2024 y, apenas un mes después, Lozano fue nombrada mediante resolución firmada por el oficial mayor Giovanni Forno. Especialistas en temas parlamentarios, como Alejandro Rospigliosi, cuestionan la creación de esta oficina, sugiriendo que podría tratarse de un mecanismo para «pagar favores políticos» y no de una necesidad institucional real.
La trayectoria de Lozano también ha levantado sospechas. Comenzó su paso por el Congreso en 2020 como asesora de Freddy Díaz Monago —hoy procesado por violación— y, tras su caída, fue ascendiendo de manera sostenida dentro de las filas de APP hasta alcanzar su actual cargo.
No es la única militante beneficiada. Ruth Melisa Leyva García, también afiliada a APP, trabaja bajo su mando con un sueldo superior a los S/10 500.
Frente a estos hechos, expertos han solicitado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público abrir investigaciones que esclarezcan si se están utilizando recursos públicos para beneficiar intereses partidarios, una situación que podría configurar delitos contra la administración pública.
