La defensa de la legisladora suspendida busca anular la orden judicial que permitió acceder a su información bancaria y tributaria. El caso por presunto recorte de sueldos vuelve a encender la tensión política.
Un caso que vuelve a escalar
La Corte Suprema revisará la resolución que autorizó levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de la congresista suspendida María Cordero, investigada por el delito de concusión por presuntamente exigir a un trabajador de su despacho la entrega del 50% de su sueldo. La decisión llega en un proceso que ya generó fracturas dentro del Parlamento y que mantiene a Cordero bajo escrutinio nacional.
El recurso que lo cambia todo
La Sala Penal Permanente declaró bien concedido el recurso de apelación presentado por la defensa de Cordero contra la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que, en junio, autorizó el acceso a su información bancaria desde febrero del 2022 hasta febrero del 2023. Con esta decisión, el máximo tribunal deberá fijar fecha y hora para una audiencia que definirá si la medida se mantiene o se anula.
Los argumentos de la defensa
La defensa sostiene que el Ministerio Público no presentó una imputación concreta ni delimitada, lo que habría generado una vulneración del derecho de defensa. Afirma que el pedido fiscal carecía de precisión y que se introdujeron elementos de convicción sin ser actuados como prueba, lo que a su criterio invalida la disposición que formalizó y continuó la investigación. Por ese motivo piden que todo lo actuado regrese a una nueva audiencia.
El proceso penal que persigue a Cordero
El caso se originó por la denuncia de un trabajador del despacho congresal, quien afirmó que la legisladora le exigía entregar la mitad de su sueldo entre marzo y agosto del 2022. Tras la investigación preliminar, el Pleno del Congreso decidió en marzo del 2024 suspender a María Cordero y levantar su inmunidad para que afronte el proceso penal. Sin embargo, no prosperó la propuesta que buscaba inhabilitarla por 10 años.
Lo que viene ahora
La revisión del máximo tribunal abre un nuevo capítulo en un caso que mezcla justicia, poder político y denuncias que erosionan aún más la imagen del Congreso. La audiencia será clave, porque podría confirmar el acceso a la información financiera de la legisladora o devolver el caso a un punto cero procesal.
