El expresidente recibe un nuevo revés judicial en medio de investigaciones por corrupción que lo acorralan en varios frentes.
La Corte Suprema cerró el paso a la devolución de los 67 bienes electrónicos incautados al expresidente Martín Vizcarra durante los allanamientos realizados en Lima y Moquegua en marzo de 2024.
Con esta decisión, el máximo tribunal corrigió el fallo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en diciembre de 2024 autorizó la restitución parcial de los equipos solicitada por la defensa del exmandatario.
La Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, declaró fundado el recurso de apelación presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien cuestionó la devolución al sostener que afectaba la motivación judicial en su vertiente de incongruencia omisiva.
El tribunal respaldó los argumentos del Ministerio Público al recalcar que la pericia digital forense ordenada por la Fiscalía en octubre de 2024 aún no ha concluido. “La fuente de prueba, entendida como el dispositivo material y la información que contiene, debe permanecer a disposición de los peritos hasta culminar la labor oficial”, precisó la sala.
Recién cuando culminen los peritajes se definirá qué equipos son relevantes como prueba material y cuáles pueden ser devueltos. Además, la Corte recordó que la unidad entre dispositivos e información almacenada es esencial para garantizar autenticidad y utilidad en un eventual juicio oral.
La incautación forma parte de la investigación preliminar contra Vizcarra por el caso “Los Intocables de la Corrupción”, red que según la Fiscalía promovió lobbies ilícitos para apropiarse de recursos públicos en Provías Descentralizado durante su gobierno (2018-2020).
A la par, el expresidente enfrenta otro proceso por cohecho pasivo propio vinculado a las obras de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, donde el fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado 15 años de prisión.
El nuevo revés judicial evidencia que la estrategia legal de Vizcarra se debilita mientras sus expedientes se acumulan en dos frentes: las pesquisas fiscales por su gestión presidencial y el juicio oral que lo persigue desde su etapa como gobernador regional.
