El máximo tribunal revisa cuadernos de remoción contra magistrados que salieron del país estando con licencia médica. La medida genera debate sobre independencia judicial y debido proceso.
La Corte Suprema de Chile inició esta semana la revisión de 53 cuadernos de remoción contra jueces y magistrados que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. El proceso se enmarca en el artículo 80 de la Constitución, que exige “buen comportamiento” como requisito para ejercer funciones judiciales.
El caso se originó tras un informe de la Contraloría General de la República, que detectó más de un centenar de funcionarios del Poder Judicial en esta situación. Aunque inicialmente se abrieron 58 expedientes, el Tribunal Constitucional suspendió cinco, dejando 53 bajo análisis.
Las audiencias son reservadas y cada parte dispone de 30 minutos para alegar. Los ministros de la Corte Suprema escucharán los argumentos antes de emitir sus votos, lo que podría significar la remoción definitiva de los involucrados.
La medida ha generado fuerte debate. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados advirtió que lo que está en juego son principios esenciales como la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces y el debido proceso. Por su parte, defensores de los magistrados sostienen que muchos casos ya fueron investigados en cortes locales, con sanciones cumplidas o absoluciones, por lo que abrir nuevamente los expedientes afecta la certeza jurídica.
Incluso el Colegio de Abogados de Nueva York expresó preocupación por la legalidad del procedimiento, señalando que podría vulnerar garantías básicas del Estado de derecho.
El presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, reconoció que algunos casos ameritan sanción, pero otros no tienen mérito para la remoción. El más mediático es el del juez Daniel Urrutia, quien registra dos viajes al extranjero, pero con justificación documentada.
La decisión final de la Corte Suprema marcará un precedente histórico en la disciplina judicial chilena y podría redefinir los límites de la probidad en el Poder Judicial.
