La Fiscalía confirmó la ratificación de penas de más de 30 años de cárcel contra los responsables del Caso Nicolini, marcando un precedente histórico en el Perú por el delito de esclavitud laboral.
El Perú dio un paso histórico en la defensa de los derechos humanos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó las condenas de más de 30 años de prisión efectiva contra los responsables del Caso Nicolini, emblemático proceso judicial que destapó una red de esclavitud laboral en pleno centro de Lima.
La Fiscalía confirmó que Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría fueron hallados culpables del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, en perjuicio de varios jóvenes que trabajaban en condiciones infrahumanas dentro de la galería Nicolini.
El caso se remonta a junio de 2017, cuando un incendio reveló que las víctimas eran encerradas con candado dentro de un contenedor metálico, sin ventilación, sin acceso a servicios básicos y sometidas a extensas jornadas laborales por una remuneración mínima. Dos jóvenes perdieron la vida al no poder escapar del fuego.
Según el Ministerio Público, esta resolución constituye la primera sentencia firme en el Perú que reconoce y sanciona penalmente la esclavitud laboral, sentando un precedente clave para futuros procesos vinculados a explotación humana.
Además de las penas privativas de libertad, el fallo dispone la inhabilitación de los condenados para contratar con el Estado y el pago de reparaciones civiles a favor de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de los jóvenes fallecidos.
La Fiscalía destacó que esta sentencia no solo cierra uno de los casos más dolorosos de los últimos años, sino que envía un mensaje claro: la explotación y la esclavitud no quedarán impunes en el país.
