Contraloría destapa el abandono policial: revisará casi 500 comisarías en todo el país

El máximo órgano de control del país inició un despliegue simultáneo para inspeccionar comisarías en todo el territorio nacional, a fin de identificar fallas en infraestructura, equipamiento y personal que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

La Contraloría General de la República inició un operativo nacional de control para supervisar las condiciones de casi 500 comisarías en todo el Perú, con el objetivo de evaluar el estado de su infraestructura, equipamiento, dotación de personal y la calidad del servicio que brindan a la ciudadanía.

El contralor general, Nelson Shack, explicó que esta acción busca detectar deficiencias que afectan la atención policial y la respuesta frente a la delincuencia, en un contexto donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones del país.

“La población necesita comisarías funcionales, equipadas y con personal suficiente. Este operativo permitirá identificar problemas concretos para que las autoridades adopten medidas inmediatas”, enfatizó Shack.

Durante las visitas, los equipos de auditores revisarán aspectos clave como el estado de las instalaciones, la presencia de servicios básicos, la disponibilidad de patrulleros y equipos de comunicación, así como la existencia de planes de patrullaje y atención al ciudadano.

De acuerdo con reportes previos de la Contraloría, más de 500 comisarías no cuentan con un plan de patrullaje actualizado, y muchas presentan infraestructura deteriorada o equipamiento insuficiente, lo que limita la labor policial y afecta la confianza de la población.

Este operativo simultáneo forma parte del plan nacional de control “Seguridad Ciudadana 2025”, cuyo propósito es fortalecer la gestión policial y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad.

La Contraloría informó que los resultados se publicarán en informes de orientación de oficio, que serán remitidos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú para que adopten las medidas correctivas correspondientes.

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