La empresa brasileña obtuvo un contrato de S/ 71 millones en Lambayeque amparada en una ley creada en 2018 bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Como si hubiera sido planificado desde hace años, Odebrecht consiguió un convenio por S/ 71 millones con el Gobierno Regional de Lambayeque, amparándose en la Ley 30737, norma gestionada en 2018 durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Gracias a esta ley, la Contraloría General de la República terminó aprobando el trámite a favor de la empresa brasileña, pese a los millonarios perjuicios ocasionados al Estado peruano.
Según el Informe Previo 019-2025-CG/APP, el Subgerente de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, Iván Cieza Yaipén, concluyó que se debía continuar el procedimiento de aprobación. “El Subgerente (e) de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos ha evaluado el presente informe, por lo que se permite sugerir a vuestro despacho continuar el trámite correspondiente para su aprobación”, se lee en el documento.
El proyecto en cuestión corresponde al “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal LA-816”, una obra adjudicada al Consorcio Pomalca, integrado por Odebrecht Perú Operaciones y Servicios (44.78%), Concesionaria Interoceánica Tramos 2 S.A. (10.68%), Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. (9.28%) y Concesionaria IIRSA Norte S.A. (34.7%).
El gobernador regional Jorge Pérez Flores, actual miembro de Somos Perú, fue quien dio luz verde al convenio, pese a las advertencias sobre el involucramiento de las empresas socias de Odebrecht en los mayores casos de corrupción de la región.
La ley que abrió el camino
La Ley 30737, aprobada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, amplió los alcances del Decreto de Urgencia 003, emitido un año antes bajo la gestión de la entonces ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Esta norma buscaba asegurar el pago de la reparación civil por parte de las empresas corruptas, pero terminó sirviendo de marco legal para que Odebrecht y sus filiales puedan seguir contratando con el Estado.
Pese a su origen, la ley ha sido duramente cuestionada por permitir que la compañía, responsable de sobornos y perjuicios millonarios, recupere espacio en la gestión pública bajo el argumento de “proteger los proyectos en curso”.
