Un proyecto de ley impulsado por la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú) plantea modificar el Código Penal del Perú para sancionar con cárcel y otras medidas a quienes oculten su identidad en protestas violentas o lleven a menores y personas con discapacidad a estos espacios.
El Congreso de la República vuelve a abrir el debate sobre la criminalización de las protestas. La congresista Elizabeth Medina (Somos Perú) presentó un proyecto de ley que plantea penas de entre 8 y 10 años de prisión para quienes participen en movilizaciones violentas cubriéndose total o parcialmente el rostro, así como sanciones adicionales a quienes lleven a menores de edad o personas con discapacidad a estos eventos.
El documento propone modificar los artículos 315 (disturbios) y 452 (faltas) del Código Penal peruano, argumentando que la ocultación del rostro impide identificar a quienes cometen delitos durante marchas o manifestaciones públicas. Además, la iniciativa incluye multas de entre 365 y 500 días-multa y servicios comunitarios de hasta 40 jornadas para quienes expongan a personas vulnerables en contextos de violencia.
Según la exposición de motivos, la propuesta no busca criminalizar las marchas pacíficas, sino garantizar la seguridad ciudadana y la responsabilidad individual en las manifestaciones. Medina sostiene que la medida “se inspira en normas aplicadas en países como España, Alemania y Canadá”, donde la ocultación del rostro en actos violentos también es sancionada.
Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la iniciativa podría restringir el derecho a la protesta pacífica, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú.
El proyecto de ley será evaluado en las comisiones de Justicia y de Constitución antes de ser debatido en el Pleno. Si es aprobado, marcaría un nuevo precedente en la legislación peruana sobre orden público y manifestaciones.
