Una nueva propuesta legislativa busca que concesiones mineras ociosas pasen al control estatal, con el fin de combatir la minería ilegal y promover la formalización de pequeños mineros artesanales.
En un contexto de creciente preocupación por la expansión de la minería ilegal en el país, el Congreso de la República presentó una iniciativa para que el Estado retome el control de concesiones mineras que permanecen inactivas u ociosas. La propuesta —presentada como proyecto de ley por miembros del Parlamento— contempla modificar los artículos pertinentes del marco normativo de minería, de modo que las concesiones que no demuestren actividad efectiva puedan ser revertidas al Estado.
Según los impulsores de la iniciativa, esta medida tiene como objetivos:
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Desalentar el acaparamiento de tierras mineras sin uso efectivo.
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Promover la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, facilitando su acceso a concesiones reales.
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Reducir el espacio territorial susceptible a ser aprovechado por mafias vinculadas a la minería ilegal, contribuyendo a la defensa del medio ambiente y los derechos de comunidades afectadas.
El proyecto propone modificar artículos claves del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (artículos 38, 39 y 40), estableciendo que las concesiones mineras sin actividad durante un periodo determinado —concesiones ociosas— puedan caducar o revertirse de oficio.
Impulsado por el parlamentario Flavio Cruz (perteneciente a la bancada Perú Libre), el proyecto busca además generar oportunidades de trabajo digno mediante la formalización minera responsable, y evitar que grandes extensiones de terreno permanezcan subutilizadas mientras la minería ilegal avanza.
Esta propuesta coincide con otros esfuerzos de regulación minera en curso, como la extensión del periodo de formalización para la minería artesanal y de pequeña escala bajo el registro REINFO — aunque esta última medida ha sido objeto de críticas desde el Ejecutivo por su potencial de favorecer a la minería informal.
