Congreso mantiene en reserva informe sobre contratos del MTC con empresas chinas tras falta de votos

La bancada de Fuerza Popular votó en contra de levantar la reserva del documento que investiga millonarios contratos entre el Estado peruano y compañías asiáticas.

El Pleno del Congreso no logró aprobar el levantamiento de la reserva del informe final que investiga las contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) con empresas chinas, luego de que legisladores de la bancada de Fuerza Popular votaran en contra de hacer público el documento.

El informe fue elaborado por una comisión investigadora presidida por el congresista Héctor Valer, que analizó los contratos firmados entre el Estado peruano y compañías chinas entre 2018 y 2022. Según el documento, durante ese periodo se suscribieron 93 contratos de obras públicas por más de S/10.123 millones con 13 empresas asiáticas.

Durante la sesión plenaria, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, puso a votación una cuestión previa para levantar la reserva del informe y permitir que el debate se realizara de manera pública. Sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios.

La votación registró 49 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones, cuando se requerían al menos 66 votos para que el informe pudiera ser discutido públicamente. Como resultado, la sesión continuó con carácter reservado y sin acceso para la prensa.

Entre los legisladores que se opusieron al levantamiento de la reserva figuran las congresistas Patricia Juárez y Martha Moyano, quienes argumentaron que el reglamento del Parlamento establece que los informes de comisiones investigadoras deben mantenerse en reserva para no afectar eventuales procesos judiciales.

Por su parte, congresistas como José Cueto y el propio Valer señalaron que existen precedentes en los que informes similares fueron debatidos públicamente, por lo que consideraron necesario transparentar la información debido al interés nacional del caso.

El informe también señala presuntas irregularidades en la adjudicación de obras y menciona la existencia de posibles organizaciones criminales dentro de entidades del sector transportes, lo que ha generado debate político en el Parlamento.

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