Con apoyo de Fuerza Popular, APP y sus aliados, se archivó la denuncia constitucional contra la presidenta por los relojes de lujo. La señal es clara: en Perú, la corrupción presidencial tiene fuero… y cómplices.
En un nuevo acto de protección descarada, el Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el escandaloso caso Rolex. Con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente optó por cerrar filas en torno a la presidenta, pese a las evidencias que apuntan a regalos de lujo no declarados.
Los principales responsables de este blindaje institucionalizado fueron los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y sus aliados de siempre, quienes votaron en bloque para evitar una investigación formal. La autora del informe que recomendó el archivo fue la parlamentaria fujimorista Nilza Chacón, quien se escudó en el artículo 117 de la Constitución, alegando que los presuntos delitos no pueden investigarse mientras Boluarte esté en funciones.
La ley no es igual para todos
¿Y qué pasó con la tan mentada lucha anticorrupción? ¿Dónde quedó el principio de transparencia y rendición de cuentas? La respuesta es una sola: en el Congreso no hay justicia, hay cálculo político. Porque cuando se trató de Pedro Castillo, sí se apresuraron a activar denuncias y abrir procesos. Pero con Boluarte, que ya carga múltiples cuestionamientos en su corta gestión, la vara es distinta. Se la blinda, se la protege y se le allana el camino, como lo denunció el congresista Alex Flores: “Hay un pacto corrupto entre el Congreso y el Gobierno”.
Incluso voces como la del parlamentario Jaime Quito señalaron la doble moral: “Con Castillo procedieron sin miramientos. Con Boluarte, hay un blindaje a medida. Es un pacto de impunidad”.
¿Qué se archivó?
La denuncia giraba en torno a los relojes de alta gama, joyas y otros bienes que la mandataria habría recibido sin registrar ni declarar. Regalos que, de confirmarse, podrían configurar cohecho pasivo impropio: corrupción en su forma más elegante y silenciosa.
Sin embargo, la Comisión, liderada por figuras como Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Soto, Lady Camones y José Cueto, prefirió proteger a Boluarte antes que dar la cara ante la ciudadanía.
¿Y ahora qué?
El mensaje es devastador: la presidenta puede recibir lujos sin rendir cuentas, y el Congreso lo avala. Se consuma así una nueva traición a la ciudadanía, otra página más del libro negro de la impunidad política en el Perú.
Dina Boluarte no fue absuelta: fue blindada. Y los nombres de quienes la protegieron quedarán grabados en la memoria política del país.
