La Comisión de Constitución votó por unanimidad el dictamen que asegura condiciones económicas y reafirma la vigencia de convenios colectivos, pese a las observaciones del Gobierno.
El Legislativo volvió a marcar distancia del Ejecutivo. Con 24 votos a favor, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), aprobó por insistencia la autógrafa de la Ley 11286/2024-CR, que garantiza derechos laborales y protege los ingresos de los funcionarios públicos.
El Gobierno había observado la norma, argumentando posibles riesgos en la estructura remunerativa del sector estatal. Sin embargo, Alegría precisó que la modificación al artículo 7.4 del Decreto Legislativo 1666 solo reafirma lo ya establecido en la Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal (Ley 31188), sin alterar sus límites: previsión y provisión fiscal.
“Esta disposición no crea un nuevo régimen, sino que reafirma la validez de los acuerdos laborales y el principio de seguridad jurídica, evitando interpretaciones que desconozcan los derechos adquiridos por los trabajadores”, sostuvo Alegría.
Otro de los puntos observados por el Ejecutivo fue la supuesta incoherencia normativa. La comisión respondió que la norma busca asegurar la vigencia de convenios previos a la Ley 31188 y mantenerlos en armonía con principios como libertad sindical, legalidad y equidad.
Además, el dictamen elimina el mandato que obligaba a EsSalud a someterse a las normas del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, señalando que mantener esa disposición era incoherente tras la modificación del artículo 6 del DL 1666, que ya excluye a EsSalud de dichas evaluaciones.
Con esta decisión, el Congreso reafirma que los trabajadores y funcionarios públicos mantienen el derecho a negociar condiciones económicas bajo el marco legal vigente, marcando un nuevo choque con el Ejecutivo en la definición de políticas laborales y fiscales.
