La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó sin debate cuatro denuncias contra la presidenta. Tres estaban vinculadas a las más de 50 muertes ocurridas durante la represión estatal en 2022 y 2023.
El Congreso de la República volvió a cerrar filas en favor del Ejecutivo. Esta vez, con el archivamiento exprés de cuatro denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, entre ellas las relacionadas con las muertes durante las protestas sociales que sacudieron al país tras la caída de Pedro Castillo. La decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por María Acuña Peralta (APP), sin debate y con el respaldo de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Acción Popular.
Los informes de calificación, todos elaborados para recomendar el archivo, fueron aprobados sin cuestionamientos. Ni la masacre de manifestantes ni las acusaciones por usurpación de funciones merecieron una discusión seria en la subcomisión. Según el abogado Carlos Ortiz, quien sustentó uno de los informes, no hay pruebas suficientes ni hechos que configuren delitos de función. Además, se escudó en fallos del Tribunal Constitucional para justificar que los funcionarios no pueden ser procesados sin una sentencia penal previa.
La primera denuncia archivada fue la N.º 334, presentada por la congresista Ruth Luque. Acusaba a Boluarte y a cinco exministros —incluidos Pedro Angulo y Luis Alberto Otárola— por homicidio calificado y lesiones graves. El informe fue aprobado con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Lo mismo ocurrió con las denuncias N.º 349 y N.º 340, ambas impulsadas por la parlamentaria Silvana Robles, también por las muertes en protestas. Sin mayores argumentos, se aplicó el mismo informe de calificación para ambas, y nuevamente se impuso la mayoría blindadora.
Finalmente, la denuncia N.º 389, presentada por Jaime Quito, que acusaba a Boluarte de usurpación de funciones tras asumir el cargo que dejó Pedro Castillo, también fue enviada al archivo.
Las muertes continúan impunes, y el Congreso —lejos de fiscalizar— confirma su alianza con el Ejecutivo, asegurando la impunidad de la mandataria a cambio de una estabilidad política que solo beneficia a los de arriba. La mayoría parlamentaria dejó claro que no tiene interés alguno en investigar los crímenes del Estado ni las irregularidades en la sucesión presidencial.
