Proyecto de ley plantea extender por dos años el plazo para que empresas de telecomunicaciones y electricidad retiren cableado aéreo en mal estado, pese a que las sanciones debían empezar en marzo de 2026.
El Congreso de la República del Perú evalúa una propuesta que podría retrasar la aplicación de sanciones contra empresas de telecomunicaciones y electricidad que no retiren cables en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.
Se trata del Proyecto de Ley 13605/2025-CR, impulsado por el congresista Jorge Mori Celis, que plantea extender por dos años adicionales el plazo fijado en la Ley N° 31595.
La norma vigente, publicada en 2022 y reglamentada en marzo de 2024, estableció que las empresas tenían 24 meses para retirar el cableado aéreo obsoleto, plazo que vence el 13 de marzo de 2026.
Multas podrían retrasarse
De aprobarse la iniciativa legislativa, el régimen sancionador se postergaría hasta 2028, retrasando la aplicación de multas que oscilan entre 5 y 20 UIT, equivalentes a hasta S/110.000 para 2026.
El predictamen será debatido en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento pocos días antes de que empiece el periodo de sanciones previsto originalmente.
Si la propuesta también obtiene respaldo en el pleno legislativo, las empresas tendrían más tiempo antes de ser sancionadas por no retirar cables que afectan la seguridad ciudadana y el paisaje urbano.
Problema urbano persistente
La Ley 31595 fue aprobada para enfrentar la acumulación de cables en postes y fachadas, un problema extendido en muchas ciudades del país.
La superposición de cables de electricidad y telecomunicaciones —muchos de ellos abandonados o sin propietario identificado— dificulta su gestión y genera vacíos de responsabilidad, además de representar riesgos para peatones y trabajadores de servicios públicos.
La norma también establece que los costos de retiro no pueden trasladarse a los usuarios, con el objetivo de evitar incrementos indebidos en las tarifas.
Argumentos para ampliar el plazo
El proyecto sostiene que la ampliación permitiría una implementación más progresiva y técnicamente viable, considerando la magnitud del cableado acumulado en las ciudades.
La propuesta plantea además que el retiro se convierta en un mecanismo permanente, con cronogramas obligatorios, planes anuales de trabajo y criterios de priorización territorial.
También se contempla la posibilidad de retirar cables de terceros no identificados sin penalidad, siempre que el retiro sea reportado a las autoridades regulatorias en un plazo de cinco días hábiles.
Advertencias de entidades del Estado
Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha señalado que una eventual ampliación solo sería efectiva si se implementan sistemas de control y seguimiento digital que garanticen el cumplimiento de la norma.
Por su parte, el Ministerio del Ambiente y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental advirtieron que la fiscalización no debe debilitarse y que la prórroga no debería convertirse en una excusa para postergar la solución al problema.
Asimismo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones señaló que el retiro del cableado debe planificarse cuidadosamente para evitar afectar la continuidad de los servicios.
