La Comisión Permanente del Parlamento aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación del expresidente por el fallido golpe del 7 de diciembre de 2022.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que busca inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por diez años, con 13 votos a favor y 6 en contra. El documento unifica las denuncias constitucionales 547 y 575.
El excongresista Carlos Torres Caro asumió la defensa de Castillo ante el Hemiciclo y criticó al Congreso por no otorgarle tiempo suficiente para preparar su respuesta. Antes de ser retirado por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, comparó a los legisladores con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, señalando que “hablan las mismas huevadas”.
El informe detalla que Castillo Terrones habría violado más de 20 artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso, declarar un Gobierno de excepción y proponer la reorganización de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Distinción de procesos
Es importante diferenciar dos procedimientos que enfrenta Castillo: la sanción política de inhabilitación y el juicio penal.
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Inhabilitación política: La Comisión Permanente recomienda la máxima sanción política: inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas. Esta medida solo se ratifica con el voto del Pleno del Congreso.
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Juicio penal: El expresidente también enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de Rebelión, Conspiración para la Rebelión, Abuso de Autoridad y Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública, por los cuales la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión. Actualmente, el juicio oral sigue en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con Castillo en prisión preventiva.
La decisión del Congreso marca un paso político crucial, mientras se mantiene pendiente la sentencia judicial en el ámbito penal.
