La inseguridad en Comas obliga a varios colegios a suspender clases y tomar medidas drásticas, mientras padres exigen más seguridad en las instituciones educativas.
La creciente inseguridad en el distrito de Comas ha generado una crisis en las instituciones educativas, que se han visto obligadas a cerrar o modificar su modalidad debido a las amenazas de extorsionadores. Esta situación ha dejado a cientos de niños sin clases y ha mantenido a los padres en constante preocupación por la seguridad de sus hijos.
Uno de los primeros centros educativos en tomar medidas drásticas fue el colegio Hans Christian Oersted, que decidió cerrar sus puertas de forma definitiva el 8 de marzo, a solo dos días del inicio del año escolar. Posteriormente, otras instituciones, como Los Olivos College, también optaron por la modalidad virtual a partir del 17 de marzo para proteger a los estudiantes y docentes.
La situación ha generado una gran preocupación entre los padres de familia, quienes exigen la intervención de las Fuerzas Armadas en las cercanías de los colegios afectados. Protestas y demandas por medidas más severas se han multiplicado, buscando garantizar que los estudiantes puedan asistir a clase sin miedo a ser víctimas del crimen organizado.
“Lo que solicitamos es seguridad, que nuestros hijos tengan la tranquilidad de llegar a su colegio y que no les pase nada”, expresó un representante de los padres de familia.
Refuerzo policial en colegios
En respuesta a la creciente ola de amenazas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, en colaboración con la Policía Nacional del Perú, han desplegado más de 3,200 efectivos policiales para proteger tanto a colegios públicos como privados afectados por las extorsiones. Las autoridades han garantizado que estas acciones buscan devolver la tranquilidad a las comunidades educativas y asegurar que las clases presenciales se reanuden con normalidad. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si estas medidas serán suficientes para erradicar la amenaza del crimen organizado en el entorno escolar.
Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
Como respuesta a la creciente delincuencia, el gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en las regiones de Lima y Callao. Esta medida permite la suspensión temporal de ciertas libertades civiles y facilita los arrestos sin necesidad de órdenes judiciales durante 30 días. Además, se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se ha incrementado la presencia policial en puntos críticos como estaciones de tren y autobús.
Según las estadísticas oficiales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en el país, un aumento significativo comparado con los 674 de 2017. Asimismo, las denuncias por extorsión aumentaron a 22,800, cuatro veces más que en el año 2017.
Aunque el estado de emergencia ha sido una medida importante, la Defensoría del Pueblo ha señalado que no es suficiente para abordar el fondo del problema. Han instado a las autoridades a implementar estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y criminalidad en el país.
