Desde el 2021 el delito de fraude informático es el que más casos ha reportado con un 71.7 % y solo en enero y febrero de este año ya se habían reportado más de 6 mil denuncias por ciberdelincuencia. Especialista advierte que la falta de personal especializado, la falta de actualización tecnológica y la lentitud en los procesos judiciales generan una baja tasa de judicialización y una percepción de impunidad.
En los últimos años, el Perú ha sido testigo de un alarmante incremento en los delitos cibernéticos, reflejando una realidad preocupante: la ciberdelincuencia avanza a un ritmo más acelerado que la respuesta del sistema judicial. Desde fraudes informáticos hasta suplantación de identidad y acoso a menores en línea, los ciberdelitos se han convertido en una amenaza latente para la seguridad digital de todos los peruanos.
Según datos de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú, las denuncias por delitos informáticos se incrementaron de 369 en 2013 a más de 3400 en 2020, marcando un crecimiento anual del 38 %. En Lima Metropolitana la situación es crítica debido a que concentra más del 50 % de las denuncias, siendo el fraude informático el más frecuente, con un 71.7 % de los casos reportados en 2021.
Además, según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) se encontró que durante el 2024 se reportaron 42 mil denuncias por delitos informáticos. Más de 6 mil denuncias por delitos informáticos se han reportado solo entre enero y febrero del 2025.
Entre los delitos cibernéticos más comunes destacan: fraude informático, estafa agravada mediante redes sociales y plataformas digitales, suplantación de identidad y proposiciones con fines sexuales a menores de edad.
En el país, para enfrentar a los ciberdelincuentes, la legislación peruana contempla severas sanciones para estos delitos informáticos, de acuerdo con la Ley 30096 y el Código Penal, para fraude informático: pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, suplantación de identidad: entre 3 y 5 años de prisión, estafa agravada: de 4 a 8 años, pudiendo extenderse si afecta a menores, involucra a múltiples personas o se realiza con tecnología avanzada, proposición sexual a menores por medios tecnológicos: hasta 8 años de cárcel, dependiendo de la edad de la víctima y el método usado.
Según el abogado, Brando Saravia, especialista en derecho penal, a pesar de que las penas están establecidas, el principal problema radica en la capacidad operativa del Estado para investigar y sancionar efectivamente estos delitos. “La falta de personal especializado, la falta de actualización tecnológica y la lentitud en los procesos judiciales generan una baja tasa de judicialización y una percepción de impunidad. Es sumamente importante que las leyes evolucionen al mismo ritmo que los métodos delictivos, especialmente con el surgimiento de nuevas amenazas como el ransomware y el uso de inteligencia artificial para suplantación”, advierte.
El especialista también comentó que, si una persona es víctima de un delito digital, puede presentar una denuncia en cualquier comisaría o contactar directamente con la DIVINDAT al +51 942 440 729 o al email: divindat.servicioguardia@policia.gob.pe, presentando el DNI y toda la evidencia digital relevante.
Frente a esta realidad, es indispensable una modernización constante del marco legal, así como la capacitación de fiscales, jueces y policías en temas tecnológicos. También es clave la cooperación internacional, especialmente en delitos que trascienden fronteras, como el abuso sexual infantil en línea, para lo cual se trabaja con organismos como INTERPOL y bases de datos internacionales.
La lucha contra los delitos digitales exige una respuesta integral y especializada. La seguridad en el entorno digital no solo depende de la ley, sino también del compromiso de todas las instituciones para hacerla cumplir.
