César Acuña bajo la lupa: tres de sus funcionarios acusados de manipular contrato por S/ 194 millones

La auditoría de Contraloría General de la República revela graves irregularidades en la licitación de un hospital en Virú, adjudicado a una empresa sin experiencia. Se señalan presuntas colusión y favorecimientos irregulares durante su gestión como gobernador regional.

Según un reciente informe de la Contraloría, tres funcionarios del comité de licitación del gobierno regional dirigido por César Acuña —Walter Zevallos Apolitano, Mario Rodríguez Miranda y Arturo Giles Mendoza— son acusados de manipular ilegalmente un contrato por S/ 194 millones.

La obra corresponde a la construcción del hospital en Virú, cuya buena pro fue adjudicada a la empresa LC&EC Constructora, liderada por Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin experiencia en la ejecución de hospitales ni carreteras.

El informe de la Contraloría indica que los responsables del proceso de licitación omitieron exigir requisitos fundamentales: no se verificó la experiencia real de la empresa, se “regalaron” puntajes injustificados y se descalificó sin fundamento a competidores que sí cumplían con los requisitos.

Además, la investigación identificó que el padre de la empresaria —Juan Coca Rojas— figura en el registro de visitas al despacho del gobernador Acuña previo a la adjudicación, lo que levanta sospechas de influencias externas directas.

Por su parte, el contrato para la rehabilitación de la carretera Trujillo–Huanchaco, también adjudicado a LC&EC Constructora por S/ 121,5 millones, fue declarado nulo tras confirmarse que la empresa presentó certificados falsos de profesionales clave. Aunque esa obra fue anulada, el contrato del hospital de Virú sigue vigente, a pesar de las recomendaciones de la Contraloría.

Las irregularidades descubiertas podrían constituir delitos como colusión y negociación incompatible, lo que llevaría a sanciones severas contra los funcionarios implicados.

Este escándalo vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en las contrataciones públicas y la responsabilidad política de las autoridades que supervisan estos procesos.

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