El líder de Perú Libre aseguró que no se pondrá a disposición de la justicia pese a la orden de captura vigente y sostuvo que es responsabilidad de las autoridades detenerlo.
El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, descartó entregarse a la justicia pese a la orden de captura que pesa en su contra y afirmó que no corresponde que él se ponga a derecho. “El Estado le paga a la Policía para capturarme”, sostuvo al ser consultado sobre su situación legal.
Las declaraciones del también exgobernador regional de Junín se producen en medio de un escenario de alta tensión política y judicial. Cerrón permanece en condición de no habido mientras afronta procesos por presuntos delitos vinculados a corrupción y otros casos derivados de su gestión regional.
En sus declaraciones, el dirigente sostuvo que la responsabilidad de ejecutar una orden judicial recae en las autoridades competentes, en referencia directa a la Policía Nacional del Perú. Con ello, marcó distancia frente a la posibilidad de entregarse voluntariamente, postura que ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos.
El caso ha reavivado el debate sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir las resoluciones judiciales en casos de alto perfil. Especialistas en derecho penal han señalado que la ejecución efectiva de las órdenes de captura es clave para preservar la autoridad del sistema de justicia y garantizar el principio de igualdad ante la ley.
En el plano político, las declaraciones de Cerrón también impactan en la dinámica interna de Perú Libre, partido que mantiene presencia en el Congreso y que continúa participando activamente en decisiones parlamentarias. La situación judicial de su líder añade presión a la agrupación en un contexto de reacomodos y tensiones dentro del Legislativo.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las acciones orientadas a ubicar al dirigente. El desarrollo del caso será determinante no solo para su situación personal, sino también para el escenario político nacional en las próximas semanas.
