La seguridad ciudadana representa un pilar fundamental para el desarrollo económico y social.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), como órgano técnico de consenso, ha venido trabajando en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad que aqueja a miles de ciudadanos y empresas, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas (mypes), importante motor de crecimiento para el país.
En ese sentido, Roberto De La Tore, presidente de la CCL, expresó su reconocimiento al interés manifestado por diversas fuerzas políticas por impulsar medidas concretas para combatir y reducir los índices de inseguridad en el país.
Ello tras la suscripción del documento “Política de seguridad y lucha contra la criminalidad”, el cual cuenta con el respaldo de Avanza País, Fuerza Popular, el APRA, PPC, Fuerza Moderna y Unidad y Paz. Este acto se realizó en las instalaciones del gremio empresarial donde también asistieron Juan Villarán, Carlos Neuhaus, Fiorella Molinelli, Jaime de Althaus, Belén García, Jorge del Castillo, entre otros.
Este documento expone diversas aristas enfocadas principalmente al diagnóstico y características que permitan luchar contra la delincuencia y criminalidad que aqueja al país.
“Agradezco la participación de los partidos políticos que, en esta oportunidad, dejaron de lado sus diferencias ideológicas para trabajar juntos por la seguridad ciudadana. Esperamos que más partidos se sumen a este esfuerzo que demanda el país”, resaltó.
Cabe mencionar que la CCL, como parte de la sociedad civil ha organizado dos mesas de trabajo con actores del sector público, privado y social, además ha conformado la Coalición por la Seguridad Ciudadana integrada por 14 gremios de micro y pequeños empresarios y organizaciones sociales, que representan a más de medio millón de personas representadas.
Roberto De La Tore destacó que, para la CCL, la seguridad ciudadana representa un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, considerando que la creciente incidencia de delitos como el robo, la extorsión y el crimen organizado no solo afecta a la ciudadanía, sino que también pone en riesgo la inversión privada, la generación de empleo y la estabilidad del país.
«La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los peores enemigos de la recuperación económica, porque las empresas, en lugar de estar invirtiendo en su negocio para generar más puestos de trabajo, tienen que estar destinando recursos para seguridad privada, y se calcula que pueden llegar hasta 10 % de sus ingresos», concluyó.
