- La economía y, en particular, la construcción se encuentran en recesión. La construcción cayó 9.0% entre enero y agosto. CAPECO prevé una contracción sectorial de 10.4% en setiembre, acumulando nueve meses en rojo
- Empresarios de construcción estiman que sus operaciones bajarán en 3.9% durante el 2023. La caída será más pronunciada en segmento de infraestructura (-5.9%)
- Inversión pública y privada se retraerán en el 2023 por caída en créditos hipotecarios, inversión minera y construcción informal. La leve recuperación que se esperaba para el 2024 está en riesgo por Fenómeno El Niño y guerra en Cercano Oriente
- El crédito suplementario es insuficiente para salir de la recesión. CAPECO propone cinco medidas urgentes para evitar que la construcción siga cayendo
- Para salir de la recesión e impulsar el desarrollo sostenible, se necesita restaurar la confianza de agentes económicos y de ciudadanos. La construcción es un factor clave en esa estrategia
- Es urgente un pacto para emprender reformas políticas y de la gestión estatal consensuadas que debe estar en ejecución antes de las elecciones del 2026. CAPECO propone agenda específica para el sector
El Ministerio de Economía y Finanzas reconoció finalmente que la economía nacional se encuentra en recesión, aunque precisó que esta situación “es puntual y mitigable”. La construcción sufre un proceso contractivo mucho más profundo. En efecto, de acuerdo con el INEI, la actividad constructora nacional cayó 9.6% en agosto del presente año, acumulando ocho meses sucesivos en declive. “CAPECO había pronosticado en el IEC 69, una disminución de 7.9% en la producción sectorial, a consecuencia de una baja de 10.1% en el consumo de cemento (apenas cinco décimas más que el resultado real) y de 2.2% en el avance de obra pública (que terminó contrayéndose 10.8%)”, explicó Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.
Al cierre del octavo mes del año, la construcción experimentó una baja de 9.0%, la performance más negativa de los últimos doce años en dicho periodo, después del 33.4% que se dio entre enero y agosto de 2020, en la etapa crítica de la pandemia del COVID-19. La construcción es la segunda actividad productiva de mayor caída transcurridos cuatro bimestres del 2023, después de la pesca que experimentó una merma de 28.9% en igual lapso.
De acuerdo con los empresarios de la construcción entrevistados para el presente informe, en el bimestre julio – agosto 2023, las operaciones de estas empresas bajaron 4.0% respecto a igual periodo del año previo, siendo el subsector inmobiliario el más afectado (-6.4%), seguido del de infraestructura (-4.4%) y del de proveedores (-1.1%). Este resultado es mucho más negativo del que estas mismas empresas estimaron alcanzar en la medición efectuada en agosto pasado (-1.0%).
“Lamentablemente, las cifras preliminares de CAPECO muestran que el producto bruto de la construcción volverá a caer en setiembre, y lo hará a una tasa de 10.4%, a causa de una merma de 12.1% en el consumo de cemento (su peor performance desde mayo y el decimotercer mes consecutivo en rojo) y de 6.5% en el avance de obra pública”, anunció Valdivia, con lo que este indicador completaría cuatro meses de declive en el último semestre. De confirmarse esta proyección, la actividad constructora sufriría una retracción de 9.2% en el periodo enero – setiembre y de 5.3% en el periodo octubre 2022 – setiembre 2023.
En el quinto bimestre del presente año, las empresas de la construcción que forman parte del Panel de Expectativas del IEC obtendrían un resultado levemente positivo de sus operaciones (+0.6%) en promedio, como consecuencia de una mejora en el segmento de infraestructura (+3.2%). Sin embargo, advirtió Valdivia, la previsión de estas empresas para todo el presente año es de una declinación de 3.9%, un estimado seis décimas más pesimista que hace dos meses y, aunque los tres segmentos de la construcción experimentarían un retroceso, éste es más pronunciado en el de infraestructura (- 5.9%).
Por su parte, las perspectivas de todas las consultoras privadas sobre el PBI construcción para el 2023, son incluso más negativas que la de los empresarios del sector, el BCR y el MEF, siendo la tasa promedio de 5.8%. Para cumplir con la previsión del BCRP para el 2023 (-3.7%), la producción sectorial debería incrementarse en 9.5% en el cuarto trimestre del año.
Sin punche para la reactivación
El MEF ha centrado su estrategia para lograr la recuperación productiva en una mayor ejecución de la inversión pública, habiendo logrado la aprobación de una Ley que dispone la asignación de un crédito suplementario por un monto cercano a los 5 mil 500 millones de soles y la habilitación de unos 1,400 millones de soles como consecuencia de modificaciones a diversas partidas del Presupuesto del presente año. Sin embargo, conviene ser prudente en las expectativas respecto al impacto que podría tener este conjunto de inversiones.
“Solo la mitad del monto comprometido corresponde a inversiones y cerca de un tercio de la inversión en obras y equipamiento estará a cargo de los gobiernos regionales y locales que, como ya se sabe tienen notorias limitaciones para la selección apropiada de ejecutores y la gestión de los proyectos”, explica Valdivia. Además, según el director gremial, el avance de la ejecución de obras públicas en los primeros nueve meses del año, parecen anticipar que este año se dejaría sin ejecutar un monto récord en inversiones estatales, por lo que asignar más recursos muy probablemente incrementaría la brecha entre los recursos presupuestados y los realmente invertidos. Por último, la desconfianza que inspira entre agentes económicos y ciudadanos la gestión de los poderes públicos hace más difícil cualquier esfuerzo reactivador.
“El ministro de Economía también parece estar resignado a que la recesión se mantendrá en el último trimestre del año: no de otra manera se puede entender sus declaraciones en el sentido de que la reactivación se comenzará a sentir recién en el primer trimestre del 2024”, sostuvo Valdivia.
Estas expectativas, sin embargo, pueden verse frustradas por dos eventos que el gobierno prácticamente no tiene capacidad de control : la cada vez más probable ocurrencia de un Fenómeno El Niño al menos moderado – que podría ralentizar el nivel de operaciones en varios sectores productivos, incluido el de la construcción, a partir de noviembre – y el escalamiento del conflicto bélico en el Cercano Oriente, que podría implicar un nuevo incremento de los precios de los commodities y, como consecuencia de ello, un aumento de la inflación y de las tasas de interés.
Al gobierno deberá exigírsele que tome las medidas de corto plazo que impidan que el perjuicio para la actividad productiva sea el menor posible, entre las cuales se puede considerar:
- Modificaciones puntuales en los reglamentos de contratación pública, para reducir la corrupción, permitir la selección de mejores de consultores y contratistas y reducir el riesgo de paralización de obras
- Un mayor compromiso del gobierno nacional – especialmente de la Contraloría y del OSCE – para la reanudación del mayor número de obras actualmente paralizadas
- El seguimiento estrecho en la ejecución de obras, especialmente aquellas desarrolladas por gobiernos subnacionales y las que se ejecutan por administración directa
- La corrección de las medidas implementadas en los últimos meses que están afectando al mercado inmobiliario residencial, en particular en el segmento de la vivienda social (que ha pasado de un desempeño récord en el 2022 a una caída drástica en el presente año)
- Un plan integral para la atención oportuna de la emergencia que vivirá el país a causa del Fenómeno El Niño y para efectuar un proceso de reconstrucción eficiente y que permita contar con infraestructuras seguras y durables, que además esté preparado permanentemente para enfrentar este tipo de eventos
Se trata en buena cuenta de llevar adelante un ambicioso plan de reformas que se concreten en un nuevo pacto político y social. El espacio para llevarlo a cabo podría ser el Acuerdo Nacional – donde se encuentran el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil – siempre que se le conceda mayores prerrogativas y se modifique su composición para incorporar a nuevos actores sociales.
Para que este proceso sea previsible y se mantenga independientemente de los plazos políticos, deben fijarse hitos en el tiempo y el compromiso de que las reformas esenciales deberán estar vigentes antes de las elecciones presidenciales del 2026.
