El aspirante a la Cámara de Diputados sostuvo que no promoverá la derogación de estas normas y afirmó que su objetivo es proteger derechos fundamentales dentro del sistema judicial.
El candidato a la Cámara de Diputados por el partido Perú Libre, Richard Rojas García, generó controversia al expresar su respaldo a las denominadas “leyes pro crimen”, normas que han sido cuestionadas por diversos sectores políticos, especialistas en justicia y organizaciones civiles por su presunto impacto en la lucha contra la delincuencia.
Durante una entrevista en un medio de comunicación, el aspirante al Congreso bicameral defendió la vigencia de estas leyes y sostuvo que su finalidad es garantizar el debido proceso para las personas investigadas o procesadas por delitos. En ese sentido, afirmó que no impulsará su derogación en caso resulte elegido en las Elecciones Generales 2026.
Rojas García señaló que estas normas buscan evitar excesos dentro del sistema judicial, especialmente en lo relacionado con medidas restrictivas como la prisión preventiva. Según indicó, el respeto a los derechos fundamentales debe ser un principio central en la administración de justicia, independientemente del delito que se investigue.
Entre las normas cuestionadas figuran cambios en los procesos de colaboración eficaz, detención preliminar y extinción de dominio. Para algunos especialistas, estas reformas podrían generar dificultades en las investigaciones contra el crimen organizado y la corrupción. Sin embargo, otros juristas consideran que las modificaciones responden a la necesidad de equilibrar el poder del Estado frente a los derechos individuales.
Las declaraciones del candidato han reavivado el debate político y jurídico sobre la efectividad de estas leyes, especialmente en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana y la demanda de medidas más estrictas contra la criminalidad.
Diversos analistas coinciden en que la discusión sobre estas normas será uno de los principales temas en la agenda política rumbo a las próximas elecciones, donde la reforma del sistema judicial y la seguridad pública se perfilan como preocupaciones prioritarias para la población.
En tanto, representantes de distintos sectores han solicitado un debate técnico y transparente sobre el impacto real de estas disposiciones legales, con el objetivo de garantizar un sistema judicial eficiente que respete los derechos constitucionales y permita combatir el crimen de manera efectiva.
