La presidenta enfrenta graves acusaciones tras suscribir en Francia un acuerdo que, según sus críticos, pone en jaque la soberanía marítima del Perú. Sectores pesqueros y empresariales alertan sobre el impacto en los recursos nacionales.
Dina Boluarte acaba de abrir un nuevo frente de tormenta política. La presidenta de la República ha sido denunciada por presunta traición a la patria ante la Fiscalía de la Nación, luego de suscribir en Francia el llamado Tratado de Alta Mar, un acuerdo que, según la denuncia, pone en riesgo la soberanía marítima del país.
La acción legal fue presentada por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. y acusa directamente a Boluarte, tanto como persona natural como en su calidad de jefa de Estado. La denuncia sostiene que la firma del tratado viola el artículo 54 de la Constitución, que consagra la soberanía nacional sobre las 200 millas marítimas adyacentes a nuestro litoral.
Pero el escándalo no queda ahí. Varios gremios empresariales —la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería— han levantado la voz en un comunicado conjunto, advirtiendo que el acuerdo representa una cesión de soberanía y un golpe directo a la pesca nacional. «Este tratado es impulsado por ONGs extranjeras que buscan destruir la pesca peruana y miles de empleos formales», señalan.
Según la denuncia y los gremios, cualquier tratado que limite o condicione el dominio marítimo nacional es inconstitucional y constituye una afrenta a la integridad del país. Traición a la patria no es una acusación menor.
Desde Cancillería y el Ejecutivo intentan apagar el incendio. El canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela han defendido la firma, asegurando que el tratado no afecta las 200 millas peruanas y que las críticas responden a «ignorancia» o desinformación. Pero el malestar ya está instalado.
El Tratado de Alta Mar —que ya ha sido ratificado por países como Francia, Chile, España y varios europeos— busca proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, en áreas fuera de las 200 millas. Sin embargo, el debate está servido: ¿se abre con este acuerdo una puerta para que intereses internacionales condicionen el uso y control de nuestros recursos pesqueros?
Por ahora, la presidenta Boluarte suma una nueva crisis a su atribulado gobierno. La denuncia por traición a la patria ya está en manos de la Fiscalía. La polémica recién comienza.
