El otorgamiento del salvoconducto por parte del Estado peruano permitió que la ex presidenta del Consejo de Ministros viajara a México bajo la figura del asilo diplomático. Sin embargo, el proceso judicial en su contra permanece vigente y abre una nueva etapa de cooperación entre ambos países.
La salida de Betssy Chávez hacia México no pone fin a los procesos judiciales que enfrenta en el Perú. Por el contrario, inaugura una fase en la que el caso deja de centrarse exclusivamente en el ámbito penal interno para incorporar elementos del derecho internacional y de la cooperación judicial entre Estados.
El Gobierno peruano otorgó el salvoconducto solicitado por México luego de que ese país concediera asilo diplomático a la ex primera ministra. La decisión permitió destrabar la crisis que originó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y facilitó el reciente restablecimiento de los vínculos bilaterales.
Desde el punto de vista jurídico, el salvoconducto únicamente garantiza la salida segura de la persona asilada del territorio nacional. No implica la extinción de los procesos penales, de las sentencias ni de las órdenes judiciales que puedan existir en el Perú. La responsabilidad penal continúa siendo competencia de la justicia peruana.
Finalmente, el procedimiento que correspondería ahora dependerá de la estrategia del Estado peruano. Si las autoridades consideran necesaria la presencia de Chávez para cumplir una sentencia o continuar con un proceso judicial, deberán presentar una solicitud formal de extradición ante México, sustentada en los tratados internacionales aplicables y en el principio de cooperación judicial. Será el Estado mexicano el que evalúe dicha solicitud conforme a su legislación interna y a las obligaciones internacionales vigentes.
