Por Luis García Miró Elguera
En declaraciones a EXPRESO, Ántero Flores-Aráoz, ex presidente del Congreso, ha alertado de dos asuntos trascendentes para la nación: la benevolencia del Poder Judicial ante graves delitos y la irresponsabilidad de las agrupaciones políticas al seleccionar sus candidatos presidenciales.
Ambos, de distinta naturaleza, convergen en debilitar la confianza ciudadana en sus autoridades y en degradar nuestra política.
Flores-Aráoz señala con firmeza que la condena impuesta a Pedro Castillo por la Corte Suprema resultó “exageradamente benévola”. Considera que los jueces “debieron imponerle 34 años de prisión”, como solicitaba la Fiscalía. Porque el artículo 45 de la Constitución es claro: nadie puede arrogarse el ejercicio del poder; hacerlo constituye delito de rebelión o sedición. La tentativa de golpe de Estado perpetrada por Castillo no admite interpretaciones complacientes. El buenismo judicial, en este caso, no solo debilita la sanción ejemplar que espera la sociedad, sino que envía un mensaje peligrosísimo: la ruptura del orden constitucional puede ser castigada con tibieza.
Flores-Aráoz, político de polendas, también nos recuerda que Martín Vizcarra acabó incorporado a la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, lo que fue un error monumental. “Ya existían evidencias de irregularidades en su gestión en Moquegua, signos exteriores de riqueza y un desbalance evidente entre ingresos y su estilo de vida. Sin embargo, Kuczynski lo incluyó en su fórmula, encumbrando a un sinvergüenza que fue condenado por corrupción”. La falta de filtros políticos y éticos en la selección de los candidatos —dice Flores-Aráoz— explica por qué el Perú ha terminado gobernado por gente que ha traicionado la confianza ciudadana.
Asimismo, los actuales filtros políticos que propone el JNE son incuestionablemente ridículos. Lo prueba la proliferación de planchas presidenciales integradas por personajes que participarán en las elecciones 2026, designados por su exposición mediática e imagen; no por su preparación ni solvencia ética, sino privilegiando la popularidad sobre la competencia y la imagen sobre el saber. El resultado es esta “oferta electoral” que degrada la política y expone al país a nuevos ciclos de improvisación y podredumbre. La evidencia es manifiesta: Pedro Castillo y Martín Vizcarra están presos. Ambos representan la corrupción y el fracaso de un sistema que permite que personas sin idoneidad presidan nuestro país.
La temeridad del buenismo consolida la irresponsabilidad al seleccionar a los candidatos, consecuentemente erosionando la institucionalidad democrática e institucionalizando la delincuencia criminal.
El país necesita recuperar estándares de seriedad y responsabilidad. A la Presidencia del Perú y a las vicepresidencias solo deben llegar personas competentes, conocedoras, responsables y éticamente impecables.
Los electores tienen un rol fundamental: exigir calidad en la oferta política y rechazar el espectáculo de candidaturas improvisadas. De lo contrario, seguiremos atrapados en este círculo vicioso de crisis, decepción y desconfianza.
La lección es clara: sin justicia firme y sin filtros políticos rigurosos, la democracia se convierte en caricatura. El buenismo judicial y la temeridad política no son simples errores; son amenazas directas a la estabilidad del país.
Es tiempo de que las instituciones y los ciudadanos asuman su responsabilidad y acaben con esta peligrosísima deriva.
