El Pleno dio luz verde a una norma que iguala el pago del incentivo único CAFAE entre servidores públicos del mismo nivel remunerativo. La medida beneficiará a quienes hoy reciben menos.
El Congreso de la República aprobó el pasado 10 de junio la homologación del incentivo único CAFAE, con exoneración de segunda votación, tras una primera aprobación el jueves 5. Esta nueva norma busca corregir la desigualdad en el otorgamiento del incentivo que reciben los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, un beneficio que hasta ahora se entregaba de forma desigual según la entidad o nivel de gobierno al que pertenecieran.
La medida beneficiará únicamente a aquellos trabajadores cuyo monto actual del incentivo sea menor al más alto que se paga en su mismo nivel remunerativo. Es decir, no se reducirá el monto a nadie, sino que se nivelará hacia arriba. En adelante, todos los servidores con funciones equivalentes deberán recibir el mismo valor de incentivo, tomando como referencia el más alto otorgado en el mismo tramo.
¿Qué es el CAFAE y por qué es tan desigual?
El CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores) es un fondo especial autofinanciado por cada entidad estatal, originalmente creado para cubrir asistencias y estímulos a favor de los servidores públicos. A través de él, se entrega el incentivo único CAFAE, el cual ha sido altamente variable y sin criterios estandarizados entre diferentes instituciones públicas, incluso cuando los trabajadores pertenecen al mismo régimen laboral.
La nueva ley aprobada por el Congreso establece una escala única obligatoria, determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH). Este órgano será el encargado de definir cuánto debe recibir cada servidor, dependiendo del nivel remunerativo al que pertenezca.
El texto también aclara que, para efectos de aplicación, se considerará a la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras como parte de los gobiernos regionales, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.º 27867).
¿Qué falta para que entre en vigor?
Aunque la norma ya fue aprobada, aún requiere su promulgación por el Poder Ejecutivo. Si el gobierno no la observa, entrará en vigencia y se activará un plazo máximo de 60 días para que el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros elaboren el reglamento que permitirá su implementación.
Esta homologación se sustenta en diez proyectos de ley presentados en el Congreso, y representa un paso importante hacia la equidad salarial en el sector público, un reclamo largamente sostenido por los sindicatos y trabajadores administrativos del Estado.
