La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao intensificó los operativos contra el transporte informal de pasajeros en 2025, retirando de las calles a 6 080 unidades que no contaban con habilitaciones ni requisitos exigidos por la ley, en coordinación con la Policía y otros organismos estatales.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que durante 2025 envió al depósito un total de 6 080 vehículos que operaban en el transporte público de pasajeros sin cumplir los requisitos legales y de seguridad. De ese total, más del 92 % eran unidades informales, sin habilitación para prestar el servicio, representando un riesgo para los usuarios de la vía pública.
La medida forma parte de una estrategia de ordenamiento del transporte público en la capital, en coordinación con la Policía de Tránsito, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y otros organismos, agrupados en el Comité de Fiscalización del Transporte liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Operativos y cifras destacadas
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La ATU ejecutó 3 501 operativos regulares y 616 operativos de alto impacto a lo largo del año, centrados en puntos con alta incidencia de informalidad detectados mediante videovigilancia municipal y análisis de riesgo.
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Además de los internamientos, se realizaron 8 938 operativos de aceleramiento, desvío y orientación y 2 693 acciones preventivas, que no derivaron necesariamente en el depósito de vehículos, pero sí en advertencias y papeletas.
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De las unidades retiradas, muchas carecían de SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito), Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) o documentación que acredite la autorización de la ATU para operar el servicio. En varios casos, los conductores tampoco contaban con brevete habilitante para transporte público.
Informalidad y seguridad
La ATU advirtió que la mayoría de los vehículos informales detectados operaban sin las medidas mínimas de seguridad y sin cumplir estándares técnicos, exponiendo a pasajeros a situaciones de riesgo. La entidad enfatizó que estas operaciones no solo protegen a los usuarios, sino que también contribuyen a ordenar el sistema de transporte público y a reducir la proliferación de servicios no regulados en Lima y Callao.
Expertos en transporte urbano señalan que la informalidad en el sector representa uno de los principales factores que afecta la calidad, seguridad y eficiencia del sistema de transporte, al tiempo que erosiona ingresos y oportunidades para los operadores formales. Operativos similares realizados anteriormente enviaron cientos de vehículos al depósito por operar sin autorización o sin los documentos en regla.
Retos y próximos pasos
Las autoridades han señalado que la fiscalización será continua, con énfasis en el cumplimiento de requisitos como la habilitación vehicular, el cumplimiento de rutas y frecuencias autorizadas, y la posesión de documentos obligatorios. También se evalúa la aplicación de medidas complementarias, como programas de apoyo para la formalización de conductores y la renovación del parque vehicular, aunque estos mecanismos deberán coordinarse con gremios y el Estado para garantizar su efectividad.
