La ATU ha iniciado denuncias penales contra conductores y propietarios de autos que brindan servicio informal —sin autorización ni seguridad— por poner en riesgo la vida de pasajeros y transeúntes. Es el paso más drástico hasta ahora en su campaña contra taxis colectivos y transporte ilegal en Lima y Callao.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un cambio radical en su estrategia contra la informalidad. A partir de ahora, no solo se detendrán y retirarán vehículos informales, sino que se presentarán denuncias penales contra los choferes y dueños de dichas unidades que prestan servicio de taxi o auto-colectivo sin autorización.
La medida apunta a quienes operan sin los permisos correspondientes, a vehículos que no cumplen con normas de seguridad —como SOAT, revisión técnica, licencia de conducir— o que ofrecen rutas informales, poniendo en riesgo la vida e integridad de los usuarios.
Esta ofensiva llega tras un historial de operativos: solo en 2025 la ATU ha intervenido cientos de unidades informales, enviando muchas al depósito.
La autoridad advierte que este tipo de servicios ilegales no solo viola normas de transporte, sino que constituye “exposición al peligro”, y su persistencia podría derivar en sanciones penales, incluyendo penas de prisión para responsables.
Con esta medida, la ATU busca desalentar la informalidad, mejorar la seguridad vial y reforzar el control del transporte público en Lima y Callao.
