Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

Tras el violento atentado ocurrido durante el concierto del grupo de cumbia Agua Marina en el distrito de Chorrillos, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado en el que condena el ataque, pero al mismo tiempo deslinda toda responsabilidad institucional, atribuyendo la falta de medidas de seguridad a los organizadores del evento.

De acuerdo con el pronunciamiento, el espectáculo no contaba con las garantías ni permisos emitidos por la Dirección General de Gobierno Interior (DGGI), ni tampoco fue comunicado oficialmente a la Policía Nacional del Perú (PNP). Por ello, el Mininter afirmó que los promotores del concierto incumplieron los procedimientos legales exigidos para este tipo de actividades masivas.

El ataque, perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que abrieron fuego desde la parte posterior del escenario, dejó cinco heridos, entre ellos cuatro músicos y un vendedor ambulante, quienes fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos.

Pese a la gravedad del hecho, el comunicado ministerial no ofrece explicaciones sobre posibles fallas en la prevención ni detalla si existieron operativos de control o supervisión previos al evento. Diversos analistas han cuestionado que el Mininter haya optado por atribuir la responsabilidad exclusivamente a los organizadores, sin asumir un rol autocrítico respecto al accionar de las autoridades en materia de seguridad ciudadana.

El Mininter, además, exhortó a los promotores de espectáculos públicos a cumplir con los protocolos de autorización, evaluación de riesgos y coordinación con la Policía Nacional para evitar tragedias similares.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del ataque, y la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar tanto a los autores materiales como las posibles negligencias en materia de seguridad y control.

El atentado ha generado indignación en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la falta de garantías en eventos masivos y la necesidad de una reforma integral en los protocolos de seguridad y supervisión policial.

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