La Asociación de Consumidores del Gas en el Perú (ACG), entidad que agrupa a los principales usuarios del gas natural de Camisea, exige actualizar el marco regulatorio del gas natural, a partir de cinco reformas urgentes:
- Contratación flexible: Los contratos de adquisición, transporte y distribución del gas natural deben adaptarse a la estacionalidad y variabilidad de los consumidores, eliminando las rigideces y penalidades que obstaculizan el suministro y encarecen el gas. Esto es vital para que el gas actúe como «puente y facilitador» de la transición energética hacia fuentes renovables.
- Corrección tarifaria: La regulación tarifaria debe corregirse basándose en el costo medio de servicio, poniendo fin a tarifas o ingresos «garantizados» que son considerados exorbitantes para una infraestructura de transporte, cuya inversión ha sido «largamente recuperada y rentabilizada».
- Incentivo a la inversión en reservas: Se debe mejorar el régimen de contratos de licencia de producción de gas, buscando incentivar la inversión para asegurar el mantenimiento de reservas que garanticen el abastecimiento futuro.
- Competencia y transparencia en concesiones: Debe introducirse competencia y transparencia en la licitación y adjudicación tanto de concesiones de infraestructura (transporte y distribución) como de licencias para exploración y explotación de gas.
- Transparencia en la información operativa: Se necesita mayor transparencia en la información relativa a la operación y mantenimiento de las instalaciones de producción y transporte de gas natural.
“Como asociación consideramos que, habiéndose logrado el objetivo inicial de viabilidad económica-financiera de las inversiones del proyecto Camisea, el marco regulatorio debe ahora centrarse en el desarrollo del mercado de usuarios y la promoción de la competitividad nacional», concluyó Roberto Santiváñez, presidente de la ACG, quien dejó abierta la posibilidad de iniciar un diálogo con las autoridades sobre las reformas requeridas para el sector.
