La Asociación Peruana de Derecho Constitucional afirma que la Ley N.º 32107 no vulnera la Constitución ni promueve la impunidad en los casos de lesa humanidad.
LIMA, PERÚ.– En el contexto del proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley N.º 32107, la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional (APDC) ha remitido un documento en calidad de amicus curiae ante el Tribunal Constitucional del Perú, respaldando la legalidad y legitimidad de esta norma.
La APDC precisa que la Ley N.º 32107, que busca aclarar el marco de aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, no vulnera la Constitución Política del Perú ni promueve la impunidad. Por el contrario, afirma que estos crímenes ya cuentan con un marco jurídico propio en tratados internacionales como el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, ratificados por el Estado peruano siguiendo los procedimientos constitucionales.
Asimismo, la Comisión recuerda que el Estatuto de Roma, aprobado mediante Resolución Legislativa N.º 27517 y ratificado en 2001, establece que los crímenes internacionales deben ser parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, y subraya que no pueden aplicarse de forma retroactiva.
La APDC también destaca la vigencia del principio de irretroactividad de la ley penal, consagrado tanto en la Constitución peruana como en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según este principio, nadie puede ser sancionado por actos que no eran delito al momento de su comisión bajo el derecho nacional o internacional.
En cuanto al concepto de ius cogens, la Comisión advierte sobre su uso ambiguo en el debate jurídico actual. Aunque se trata de normas imperativas del derecho internacional, no deben contradecir tratados debidamente ratificados por el Estado peruano. Por ello, la APDC llama a una interpretación rigurosa y coherente con el marco legal vigente.
Finalmente, la Comisión expresó su preocupación por la existencia de más de 800 personas procesadas o investigadas por delitos de lesa humanidad, de acuerdo con cifras del Ministerio Público. Esta situación, señala la APDC, requiere una adecuada calificación jurídica y el respeto al plazo razonable en los procesos, para garantizar los derechos fundamentales de los involucrados y evitar arbitrariedades judiciales.
La Asociación Peruana de Derecho Constitucional reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional y los derechos humanos y solicita tener en cuenta la participación de los abogados Domingo García Belaunde y Gerardo Eto Cruz como representantes del amicus curiae en este importante proceso ante el Tribunal Constitucional.
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la APDC:
- Domingo García Belaunde
- Víctor García Toma
- Ernesto Blume
- Gerardo Eto Cruz
