La congresista Ruth Luque presentó un pedido de moción de censura contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, acusándolo de ejercer “presión política” sobre magistrados para que apliquen la Ley 32107 sobre delitos de lesa humanidad, lo que habría vulnerado la independencia judicial y generado un fuerte debate político.
La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, anunció que ha iniciado el recojo de firmas para una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso de la República, tras considerar que ha ejercido una presión indebida sobre jueces del Poder Judicial relacionados con la aplicación de la Ley 32107, conocida como la ley que limita la aplicación de delitos de lesa humanidad a hechos posteriores a julio de 2002.
La acción de censura tiene su origen en una columna de opinión publicada por Rospigliosi y en declaraciones públicas en las que —según Luque— se refirió en términos críticos a jueces encargados del caso masacre de Cayara (1988), acusándolos de tener “pésimos antecedentes” y sugiriendo consecuencias por no aplicar la llamada ley de lesa humanidad, a pesar de que esta norma ha sido objeto de controversia jurídica y política debido a sus efectos en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos antes de 2002.
La congresista denunció que la actitud de Rospigliosi constituye una forma de presión política sobre la función jurisdiccional e incluso sostuvo que su presencia en una audiencia virtual donde se debatía el recurso judicial generó inquietud sobre la independencia de los jueces que deben decidir sobre la aplicación o no de la normativa cuestionada. Por ello, Luque presentó el mecanismo constitucional para exigir la responsabilidad política de Rospigliosi, quien podría verse obligado a renunciar si la moción prospera.
Este caso se inserta en un contexto de amplios debates en el país sobre la Ley 32107, una norma aprobada por el Congreso que ha generado oposición de sectores del Ministerio Público, organismos de derechos humanos y agrupaciones civiles, porque consideraban que podría permitir la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de la vigencia del Estatuto de Roma. La Ley fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, aunque su aplicación práctica sigue siendo objeto de debate y control difuso en casos concretos.
La moción de censura es un procedimiento político que puede concluir con la remoción de Rospigliosi del cargo si consigue el respaldo de las dos terceras partes del Pleno del Congreso, y refleja el profundo conflicto entre poderes del Estado sobre la interpretación y aplicación de normas vinculadas a la justicia transicional y la protección de derechos humanos frente a acusaciones de interferencia política.
