- El objetivo es la recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida centrándose en tres ejes principales: integración económica, protección y cohesión social, y cultura de paz.
Al menos 2,000 ciudadanos venezolanos migrantes en nuestro país podrán acceder gratuitamente a servicios y asesoría en materia de integración económica, regularización de su documentación y protección de derechos. El proyecto tendrá una duración de cuatro años y en el país, donde la migración se ha concentrado el 90% en la ciudad de Lima, se llevará a cabo en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, en la ciudad de Lima.
Se trata del proyecto «Recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida» en los citados países, financiado con tres millones de euros por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementado por Ayuda en Acción. Bajo el convenio, se brindará apoyo psicológico y psicosocial, asesoría para regularizar el estatus migratorio, sensibilización contra la discriminación y xenofobia, escuelas de derechos y de participación ciudadana para niños y adolescentes; así como servicios de medicina general, asesoría nutricional, empleabilidad, aceleración de emprendimientos, entre otros.
Hasta el año 2023, las principales necesidades de las personas migrantes y refugiadas venezolanas a nivel regional son el acceso a la documentación y regularización, generación de ingresos, acceso a información y orientación, mitigación de la discriminación y acceso a programas sociales con necesidades diferencias y asistencia humanitaria.
Por ello, Ayuda en Acción, a través del cofinanciamiento de la AECID, propone un proyecto de atención integral multidimensional para contribuir al ejercicio de derechos y a la integración socioeconómica y cultural de esta población en Colombia, Ecuador y Perú a través de las siguientes acciones:
- Aceleración de emprendimientos y acceso a servicios financieros regularizados.
- Mejorar la cohesión social y la convivencia entre la población migrante/refugiada y la de acogida.
- Protección y el impulso de derechos a través de un modelo de atención integral.
- Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local y la articulación institucional frente a las necesidades de la población migrante y la de acogida.
Intervención coordinada
En Perú, la estrategia está e[CS1] [CS2] nfocada en generar una red de actores locales que establezcan alianzas con instituciones públicas, programas sociales del Estado, organizaciones base y organizaciones de la sociedad civil.
Esta red de actores facilitará el acceso a las zonas con mayor presencia de migrantes para asegurar la atención en regularización migratoria y la organización de Jornadas Multiservicio, de convocatoria abierta, en las que se ofrecen servicios de medicina general y asesoría nutricional, información de oportunidades de empleo, entre otras.
“En los siguientes años se espera fortalecer a al menos 580 emprendimientos a través de procesos formativos y potenciados con competencias emprendedoras. Estos emprendimientos además de ser fortalecidos tendrán un enfoque de sostenibilidad ambiental y serán sostenibles en el tiempo. Implementamos este convenio porque apoyar a los migrantes es esencial para construir sociedades más inclusivas, justas y prósperas para todos y todas”, señaló Jorge Luis Gálvez, coordinador del proyecto en Perú.
Por su parte, Cristina Lippi Ibáñez de Aldecoa, jefa adjunta de ONGD de AECID, destaca que “los convenios son la mejor manifestación de la cooperación a través de la sociedad civil porque nos permiten alcanzar objetivos de carácter estratégico, su proceso dialogado es esencia pura de la cooperación y nos permite llegan a un punto de encuentro entre las necesidades de la cooperación y las propuestas de las entidades. Además, permiten ajustar más las circunstancias durante la vida de la intervención, aterrizando en tiempo real las actividades que dan respuesta a los objetivos marcados, pero, sobre todo, nos permite tener un mayor impacto: social, económico y estratégico”.
El programa fue anunciado en nuestro país durante un evento internacional realizado el martes 11 de junio y contó con la participación de expertos de cinco países diferentes; además en Ecuador y Colombia, el lanzamiento contó con la presencia de autoridades locales y representantes de la sociedad civil.
