La denuncia alcanza a los magistrados quienes votaron a favor del fallo que anuló el caso.
El congresista Alfredo Pariona presentó una denuncia constitucional contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC), acusándolos de haber cometido una “grave vulneración del orden constitucional” tras declarar nulo el proceso judicial del denominado “Caso Cócteles”, en el que se investigaba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntos aportes ilícitos durante sus campañas electorales.
Según Pariona, los jueces del máximo intérprete de la Constitución habrían excedido sus funciones y “distorsionado el principio de separación de poderes” al intervenir en un proceso penal aún en curso, lo que –a su juicio– representa una injerencia directa en las competencias del Poder Judicial.
“Los magistrados del TC se han apartado de sus límites constitucionales. No solo han beneficiado a una procesada específica, sino que han sentado un precedente que debilita la independencia judicial y la lucha contra la corrupción”, sostuvo el parlamentario.
Argumentos de la denuncia
El legislador, perteneciente al bloque de izquierda del Congreso, sustentó su denuncia en los siguientes puntos:
- Los magistrados habrían infringido el artículo 99 de la Constitución, al intervenir en un proceso penal pendiente de resolución.
- Se les imputa presuntamente los delitos de obstrucción de la justicia y avocamiento ilegal, tipificados en los artículos 409-A y 410 del Código Penal.
- También se invoca el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que faculta la presentación de denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La denuncia alcanza a los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez, quienes votaron a favor del fallo que anuló el caso.
Próximos pasos
El documento ya fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá evaluar su admisibilidad antes de iniciar una investigación formal. De ser admitida, los magistrados podrían enfrentar un proceso político por presunta infracción constitucional y delitos funcionales.
Esta denuncia marca un nuevo capítulo en la controversia generada tras el reciente fallo del TC, que anuló el proceso penal contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular, desatando una ola de críticas desde diversos sectores políticos y jurídicos del país.
