Jesús Maldonado propone que el sector privado gestione los penales más peligrosos de Lima y Callao como parte del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, encendió el debate nacional al proponer que empresas privadas asuman la administración de los pabellones de alta seguridad en los penales de Lima y Callao. Su planteamiento llega en medio del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí, que incluye patrullaje militar y operativos carcelarios para frenar las comunicaciones ilícitas desde las prisiones.
Maldonado justificó su propuesta señalando que la gestión privada ha demostrado ser más eficaz que la pública en varios sectores. “Hay cosas que se hacen muy bien en lo privado que en lo público es casi imposible”, afirmó en diálogo con Exitosa Noticias. Según el alcalde, el modelo permitiría mayor control tecnológico y operativo sobre los internos de alta peligrosidad, reduciendo el contacto con organizaciones criminales del exterior.
Durante un operativo en el penal de Lurigancho, Maldonado presentó su propuesta directamente al presidente Jerí, destacando que la actual declaratoria de emergencia ha permitido una coordinación inédita entre serenazgo y fuerzas armadas para los patrullajes conjuntos.
Medidas complementarias
El burgomaestre también exigió sanciones más severas a las empresas telefónicas que distribuyen chips sin control, señalando que esos dispositivos son el principal instrumento de las extorsiones. “El instrumento más eficiente para las extorsiones son las llamadas telefónicas”, advirtió, pidiendo que las sanciones recaigan directamente sobre las operadoras si no logran identificar el uso de sus tarjetas SIM.
En paralelo, el ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció un barrido integral de antenas telefónicas en los alrededores de los penales. El Ejército custodiará las zonas cercanas mientras se retiran antenas instaladas dentro de un radio de 200 metros —prohibido por ley—. Además, dentro de los penales solo se permitirá energía eléctrica para iluminación básica y conservación de alimentos, dejando sin carga los dispositivos electrónicos.
Los recientes operativos en los penales de Lurigancho y Ancón I evidenciaron la magnitud del problema: se incautaron manuscritos, chips, celulares satelitales, armas blancas y drogas. Más de un centenar de agentes del INPE, la Policía Nacional y el Ministerio Público participaron en las acciones.
El Ejecutivo adelantó que continuará con intervenciones y reformas estructurales en los centros penitenciarios para recuperar el control total del sistema.
