El reciente nombramiento de Elba Rojas Álvarez como presidenta del directorio de Petroperú desata cuestionamientos sobre la creciente injerencia política de César Acuña en la empresa estatal.
El reciente nombramiento de Elba Rojas Álvarez como presidenta del directorio de Petroperú ha encendido las alertas en el ámbito político y económico del país. Diversas voces advierten que esta designación evidenciaría un avance de la influencia de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, dentro de una de las empresas estatales más importantes del Perú.
De acuerdo con la información publicada por el diario Expreso, la designación de Rojas Álvarez no solo responde a un cambio administrativo, sino que se enmarca en una serie de movimientos políticos que buscan consolidar espacios de poder en entidades estratégicas del Estado. Este hecho cobra especial relevancia debido a la crisis financiera que atraviesa Petroperú, que ha requerido millonarios respaldos del Estado para garantizar su continuidad operativa.
Especialistas y analistas advierten que la politización de la empresa podría afectar la toma de decisiones técnicas y la gobernanza corporativa, en momentos en que la petrolera necesita recuperar credibilidad ante el mercado, proveedores e inversionistas. Asimismo, se remarca la importancia de que los cargos directivos sean ocupados bajo criterios de meritocracia, transparencia e independencia, a fin de evitar mayores riesgos financieros y reputacionales.
El caso reabre el debate sobre la influencia de los partidos políticos en las empresas públicas y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar una gestión eficiente y libre de intereses partidarios en Petroperú.
