La Fiscalía sostiene que el líder histórico del MRTA sería responsable de los crímenes cometidos contra integrantes de la comunidad LGBTI en Tarapoto a finales de los años ochenta. El caso continúa en etapa de juicio oral tras evitarse la prescripción de los delitos.
El Ministerio Público ratificó su pedido de cadena perpetua contra Víctor Polay Campos, fundador y máximo líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en el marco del proceso judicial por el denominado caso “Las Gardenias”, uno de los episodios más graves vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos durante el periodo de violencia que afectó al país.
La Fiscalía sostiene que Polay Campos y otros exdirigentes de la organización subversiva habrían tenido responsabilidad en los asesinatos de ocho personas de la comunidad LGBTI ocurridos el 31 de mayo de 1989 en Tarapoto, región San Martín. Según la acusación fiscal, los crímenes formaron parte de una política de persecución y eliminación de personas consideradas por el grupo armado como “indeseables”, dentro de una estrategia conocida como “limpieza social”.
El caso, que permaneció durante años en investigación, logró avanzar luego de que las autoridades judiciales descartaran la prescripción de los delitos imputados. De esta manera, el proceso continúa en etapa de juicio oral, donde se evaluarán las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa de los acusados.
La Fiscalía considera que los hechos investigados constituyen delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado, por lo que ha solicitado la máxima pena prevista por la legislación peruana. Asimismo, sostiene que las acciones atribuidas a la cúpula del MRTA afectaron gravemente derechos fundamentales y dejaron profundas secuelas en las víctimas y sus familias.
Por su parte, la defensa de Víctor Polay Campos ha rechazado las acusaciones y cuestionado la interpretación realizada por la Fiscalía respecto a documentos y lineamientos atribuidos a la organización subversiva durante aquellos años. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene firme su posición y busca demostrar la responsabilidad de los procesados durante el desarrollo del juicio.
El caso “Las Gardenias” es considerado emblemático debido a que involucra presuntos actos de violencia dirigidos específicamente contra integrantes de la comunidad LGBTI, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con crímenes motivados por discriminación durante el conflicto interno peruano.
Mientras continúan las audiencias, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos siguen de cerca el avance del proceso, a la espera de una decisión judicial que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes después de más de tres décadas.
