Por Antero Flores-Araoz
Cada vez que leemos, escuchamos o vemos las noticias en televisión u otros medios digitales, además de enterarnos de infinidad de hechos de sangre, en que el medio más parece eterna hemorragia, también tomamos conocimiento de infinidad de delitos e incorrecciones que nos lleva a considerar que a donde pongamos el ojo encontraremos pus.
Casi cotidianamente nos encontramos con funcionarios públicos que le “mochan” el sueldo a los trabajadores públicos que laboran con ellos, pésima, inmoral y delincuencial práctica que comenzó en el Congreso de la República, en que parlamentarios que tienen deméritos para serlo, al contratar a su personal de confianza les exigían que les retornasen parte de su retribución económica que solventa el Estado y, lo peor no es ello, sino que pese a la existencia de las denuncias e incluso pruebas, la Comisión Parlamentaria que tiene que procesar los hechos, libera a los congresistas inmorales.
La práctica infame a la que nos referimos ha ido escalando y también se ha podido observar en algunas reparticiones públicas del Poder Ejecutivo, de Gobiernos Regionales y de Municipios.
En las contrataciones públicas, no todas por cierto, también se ha podido acreditar que los contratistas reparten comisiones -en jerga penal: coimisión- en la repartición del Estado que los contrata, fiel reflejo de lo sucedido por ejemplo con Odebrecht con sospechas de que tal sistema ha tenido efecto multiplicador y lo que es peor, con ineficacia de fiscales y procuradores para llevar a los tribunales a los coimeros para procesarlos y sancionarlos, además de recuperar lo que corresponde al erario nacional.
Como si lo reseñado no fuese ya bastante, hay malos policías, resaltando los motorizados, que persiguen a los conductores de vehículos similares para extorsionarlos y recibir más “coimisión” para no imponer papeleta de tránsito por alguna supuesta infracción. Ello agravado en algunas Comisarías en que el propio jefe impone cupos a sus subordinados, respecto a las fechorías que los obligan realizar. Todo esto por supuesto manchando el prestigio de la institución policial.
Para colmo vemos autoridades ediles, incluso el propio alcalde, dirigiendo mafias extorsivas en centros comerciales, como lo acontecido recientemente en Gamarra (La Victoria) y lo que es peor, con extorsionadores que han integrado listas parlamentarias o pretenden postular a otros cargos públicos electivos o designados.
Las agrupaciones políticas de diferente pelaje y posición geográfica (centro, derecha e izquierda) se llenan la bocaza diciendo que no tienen responsabilidad por lo que hagan sus afiliados, ya que los ciudadanos cuentan con el derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política (inciso 17 del artículo 2 de la Constitución). Empero, no es menos cierto que deberían tener sistemas, métodos y cerraduras para que no ingresen los indeseables que luego dejan muy mal parada a la organización política que les dio acceso.
Incluso hay también protestas que, de ser pacíficas, darían la impresión de razonables, pero cuando utilizan violencia pierden toda legitimidad, como lo recién acontecido en la universidad más antigua de América como es la Universidad Mayor de San Marcos, con el agravante de haber enlodado nada menos que su 475 aniversario, en ruta a sus quinientos años.
Todos estos temas tienen que ser estudiados por sociólogos e incluso diría siquiatras, pues hay una serie de actores políticos que, en lugar de pretender incorporarse al Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo e incluso el Municipal de nuestra capital, más parecen candidatos a su internamiento en el Larco Herrera.
