El propietario de Galaga SAC rechaza las acusaciones de la ONPE y asegura que la empresa sí cumplió con la logística, incluyendo la disponibilidad de vehículos.
En medio de la crisis por las elecciones 2026 en Perú, el propietario de la empresa Servicios Generales Galaga SAC salió a defenderse de las acusaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que responsabilizó a la compañía por los retrasos en la entrega del material electoral.
Según la ONPE, uno de los principales problemas fue que la empresa no contaba con la cantidad suficiente de vehículos, lo que habría generado demoras en al menos 75 locales de votación en Lima, afectando a miles de electores.
Sin embargo, desde Galaga SAC niegan esta versión. Su propietario afirma que “siempre tuvieron los vehículos suficientes” y que cumplieron con lo acordado. Además, sostienen que las demoras se debieron a factores externos y a la propia organización de la ONPE.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto más amplio de crisis electoral, donde hubo mesas que no se instalaron a tiempo, largas colas y más de 60 mil personas inicialmente sin poder votar, lo que obligó incluso a ampliar el horario de votación.
La situación ha escalado a nivel legal:
- La ONPE anunció acciones penales contra la empresa.
- Galaga, por su parte, evalúa medidas por afectación a su imagen.
¿Qué está en disputa?
Básicamente hay dos versiones enfrentadas:
- ONPE: la empresa falló en logística (vehículos y entrega).
- Galaga: cumplieron todo y el problema fue de la propia ONPE.
Contexto clave
Este conflicto es uno de los detonantes de la crisis postelectoral en Perú, marcada por fallas logísticas, desconfianza ciudadana y cuestionamientos al proceso.
