El Ejecutivo oficializó una hoja de ruta que busca cerrar brechas históricas y garantizar derechos fundamentales de los pueblos indígenas u originarios en el Perú.
El gobierno liderado por Gustavo Adrianzén (en representación del Ejecutivo) aprobó la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, un instrumento clave que orientará las acciones del Estado para atender a estas comunidades durante los próximos años.
Esta política tiene como objetivo principal reducir las profundas desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas en ámbitos como salud, educación, acceso a servicios básicos y participación política. Asimismo, busca garantizar el respeto a su identidad cultural, lenguas originarias y territorios.
El documento establece lineamientos para promover el desarrollo sostenible de estas poblaciones, priorizando el enfoque intercultural en las políticas públicas. Esto implica adaptar los servicios del Estado a las características culturales y lingüísticas de cada comunidad.
Además, la estrategia contempla fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, así como mejorar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno para una atención más eficiente.
Desde el Ejecutivo señalaron que esta política responde a compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos, y representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
Especialistas destacan que su implementación efectiva será clave, ya que históricamente muchas iniciativas similares no han logrado resultados concretos debido a limitaciones presupuestales y falta de coordinación institucional.
