El Tribunal Constitucional del Perú determinó que la Ley 31751, conocida popularmente como Ley Soto o “ley procrimen” por sus efectos sobre la prescripción de delitos, no vulnera la Constitución, a pesar de las críticas de sectores jurídicos que la consideran un riesgo para el combate a la impunidad.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró constitucional la denominada Ley 31751, también conocida como Ley Soto, que introduce modificaciones al Código Penal y al Nuevo Código Procesal Penal para regular la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, limitándolo a un máximo de un año. Esta decisión fue adoptada tras una demanda de inconstitucionalidad planteada ante el organismo.
La norma, aprobada por el Congreso de la República y promulgada el 25 de mayo de 2023, buscaba “acelerar” los procesos penales mediante una reducción drástica del plazo de suspensión de la prescripción, lo que ha generado múltiples debates en el ámbito jurídico y en la opinión pública.
En su sentencia, el TC concluyó que la Ley 31751 se ajusta a los artículos pertinentes de la Constitución y no vulnera los principios legales sobre la prescripción de la acción penal ni el derecho constitucional al debido proceso, siempre que se aplique de acuerdo con las reglas generales del Código Penal. En ese sentido, el Tribunal destacó la competencia del legislador para regular plazos de prescripción en casos ordinarios.
La decisión implicará que, en la práctica, muchos delitos podrían prescribir más rápidamente, debido a que la suspensión del plazo de prescripción —es decir, el tiempo que se detiene el conteo del plazo mientras se desarrollan ciertas etapas procesales— no podrá exceder de un año. Esto contrasta con normas previas o interpretaciones jurisprudenciales que permitían plazos de suspensión más largos dependiendo de la complejidad del caso.
La Ley Soto había sido objeto de comentarios y preocupaciones públicas debido a que, según críticos, podría favorecer la impunidad en casos complejos o antiguos, al permitir que los plazos para iniciar o continuar procesos se extingan antes de que se logre una sentencia. Sin embargo, el TC consideró que la norma responde a criterios de claridad y seguridad jurídica dentro del marco constitucional.
Organizaciones y juristas que se opusieron a la ley argumentaban que una regulación tan breve para la suspensión de la prescripción podría ser utilizada, incluso, para archivar investigaciones o favorecer la extinción de acción penal en casos de alto impacto social. Aun así, el Tribunal sostuvo la constitucionalidad de la norma en su fallo.
