Nueva norma establece aislamiento estricto, reducción de beneficios penitenciarios y mayor control judicial para internos vinculados a delitos graves como sicariato, extorsión y secuestro.
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N.º 1737, mediante el cual se incorpora la etapa denominada “Extrema Seguridad” dentro del Régimen Cerrado Especial del sistema penitenciario peruano, con el objetivo de reforzar el control sobre internos considerados de alta peligrosidad.
La medida forma parte de un paquete de reformas orientadas a combatir el crimen organizado y frenar la operación de redes delictivas que continúan dirigiendo actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios. La norma establece que esta nueva etapa será aplicada a personas procesadas o sentenciadas por delitos graves como sicariato, extorsión, secuestro, criminalidad organizada sistemática, así como a líderes o cabecillas de organizaciones criminales.
Según el decreto, los internos sometidos a esta etapa deberán cumplir condiciones de reclusión más estrictas. Entre ellas, se contempla su permanencia en celdas individuales, acceso limitado a una hora diaria de patio bajo vigilancia reforzada y la posibilidad de recibir únicamente una visita familiar mensual. Asimismo, la norma establece que los reclusos deberán permanecer un mínimo de cuatro años en esta clasificación antes de ser evaluados para una eventual progresión a otra fase del régimen penitenciario. En el caso de cabecillas o líderes criminales, el periodo mínimo se extiende a cinco años.
Otro de los cambios relevantes incluye la restricción del beneficio penitenciario de redención de pena por trabajo o educación para internos condenados por delitos vinculados a organizaciones criminales, extorsión y banda criminal. Además, se incorpora un control judicial obligatorio para la supervisión de estos beneficios cuando impliquen el egreso del interno por cumplimiento de condena.
El Ejecutivo señaló que la implementación de esta etapa busca fortalecer la seguridad interna de los penales, impedir que los reclusos continúen coordinando delitos desde prisión y garantizar un mayor control disciplinario dentro del sistema penitenciario nacional.
Especialistas en materia penal han señalado que esta medida responde al incremento de casos de extorsión y sicariato registrados en el país, donde diversas investigaciones han evidenciado que organizaciones criminales operan desde los centros de reclusión utilizando celulares y redes externas para ejecutar delitos.
El Gobierno reafirmó que continuará impulsando reformas legales y operativas para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada, priorizando la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sistema penitenciario.
