El Ministerio Público realiza diversas diligencias en dos frentes investigativos vinculados a las visitas del presidente José Jerí al Despacho Presidencial y sus posibles vínculos con contrataciones posteriores y reuniones no registradas.
El Ministerio Público ha puesto en marcha una serie de diligencias lideradas por la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Anticorrupción para investigar posibles irregularidades relacionadas con las visitas al despacho presidencial del presidente José Jerí Oré, las contrataciones de personas allegadas y las reuniones no oficiales con empresarios extranjeros.
Por un lado, la Fiscalía de la Nación, dirigida por el fiscal interino Tomás Gálvez, ha ampliado la investigación preliminar en torno a posibles delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses vinculados a la contratación de cinco jóvenes profesionales que, tras sostener encuentros con el mandatario, habrían obtenido órdenes de servicio y cargos públicos. Esta ampliación se basó en la existencia de una posible relación temporal entre las visitas al despacho presidencial y los beneficios laborales que recibieron dichas personas.
Dentro de este proceso, la Fiscalía ha solicitado información relevante a Palacio de Gobierno, como informes sobre las reuniones y comunicaciones que sostuvieron las personas investigadas con el presidente, y también ha programado la toma de declaraciones para esclarecer los hechos.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” por presuntas irregularidades en la contratación de estas jóvenes tras sus visitas al despacho presidencial. Este procedimiento, que se desarrolla en la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro, busca determinar si hubo posibles delitos contra la administración pública durante la selección e incorporación de personal.
Entre las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción se contempla la revisión de documentos administrativos, hojas de vida, el registro de horarios de ingreso y salida, así como la toma de declaraciones a funcionarios que participaron en los procesos de contratación.
Ambas líneas de investigación —la de la Fiscalía de la Nación y la de la Fiscalía Anticorrupción— avanzan en paralelo, recopilando evidencia documental y testimonios para determinar la existencia de posibles responsabilidades y, en caso de identificarse elementos suficientes, formalizar acusaciones conforme al marco penal vigente.
