La máxima instancia judicial anuló el cómputo previo de la pena y cerró cualquier intento de darla por cumplida. El exasesor de Fujimori seguirá preso por crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema de Justicia de la República resolvió que la condena impuesta a Vladimiro Montesinos Torres vencerá el 30 de septiembre de 2037, al corregir un error en el cómputo de la pena que había sido validado por una sala superior en enero de 2024. La decisión confirma que el exasesor presidencial continuará recluido en la Base Naval del Callao por los casos Caraqueño, Pativilca y La Cantuta, vinculados a graves violaciones de derechos humanos.
Mediante una ejecutoria suprema, el máximo tribunal declaró nula la sentencia conformada del 31 de enero de 2024 emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, en el extremo que daba por compurgada la pena de 19 años y 8 meses de prisión. La Corte concluyó que el cálculo fue realizado de forma incorrecta y ordenó su reformulación conforme a los criterios legales vigentes.
Crímenes de lesa humanidad y nuevo cómputo de la pena
Montesinos fue condenado como autor mediato del delito de homicidio calificado en los casos Caraqueño y Pativilca, y como autor mediato de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada en el caso La Cantuta. Se trata de crímenes considerados de lesa humanidad, por lo que no admiten beneficios que impliquen impunidad.
La Corte Suprema estableció que el nuevo cómputo de la pena, con el descuento de seis años de carcelería ya sufridos en este proceso, debe regir desde la emisión de la sentencia condenatoria del 31 de enero de 2024 y extenderse hasta el 30 de septiembre de 2037. Con ello, el tribunal cerró la puerta a interpretaciones que adelantaban la fecha de excarcelación.
Rechazan prescripción y descartan cierre del proceso
El máximo tribunal también declaró improcedente la excepción de prescripción de la acción penal presentada por la defensa de Montesinos, reafirmando que los delitos por los que fue condenado no prescriben. La ejecutoria suprema ordenó notificar a las partes procesales y devolver los actuados al órgano jurisdiccional correspondiente para los fines de ley.
La decisión marca un nuevo revés judicial para el exjefe del aparato de inteligencia del régimen fujimorista y refuerza la posición del Poder Judicial frente a los crímenes cometidos durante el conflicto interno, en un contexto donde persisten intentos políticos y legales por relativizar las condenas.
