Por Antero Flores-Araoz
Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, como son los del Ejército, Marina y Aviación, así como los de la Policía Nacional, merecen no solamente el respeto de la ciudadanía sino también de nuestras autoridades, no algunas autoridades sino todas ellas, incluyendo por supuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Quizás algunos de nuestros lectores se puedan preguntar ¿qué le ha pasado al autor de esta columna?
¿Qué le ha picado, si siempre a nuestros soldados y policías se les ha respetado?
Bueno pues, ya llevamos bastantes años en que militares y policías son investigados, denunciados y procesados penalmente, por el hecho de haber participado en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. Han sido sometidos a investigaciones interminables, con denuncias por su pecado de defender a la patria y a su ciudadanía y pretender que exista paz dentro del territorio nacional. Sobre la base de las denuncias y acusaciones fiscales se les ha abierto procesos jurisdiccionales, que se sabe cuándo comienzan pero nunca cuando terminan.
Los procesos son por lo general en el lugar de los hechos, normalmente fuera del lugar del domicilio de los imputados, por lo cual tienen que estar muchas veces distantes de sus familias. Además, por tener que defenderse pierden ascensos porque no se pueden preparar para los correspondientes exámenes.
Cuando creían que los procesos habían terminado, había alguna ONG que interponía denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, léase Comisión y Corte del mismo nombre, con sedes en Washington y San José de Costa Rica, a donde tenían que concurrir para atender los procesos, también de larga duración y muchas veces con orden de reiniciar en sede nacional los procesos.
Dos ejemplos emblemáticos de lo que padecen nuestros soldados y policías, son los casos de los Comandos Chavín de Huántar, así como de la isla de El Frontón.
Los comandos antes mencionados, en operación ejemplar, reconocida por el mundo entero, lograron recuperar la sede de la embajada del, Japón que había sido tomada por el MRTA, que mantuvo secuestrados a quienes habían sido invitados por el embajador Aoki para celebrar el cumpleaños del emperador japonés. A esos valerosos comandos que son héroes de la patria, los tuvieron indebidamente procesados diecisiete años. ¡Increíble por cierto!
A quienes recuperaron la isla de El Frontón, cuyos alojados en ese penal se habían amotinado y levantado en armas, ya llevan cuarenta años sin que terminen los procesos judiciales. ¿Podemos llamar justicia a ello? Por supuesto que no, habiendo estado entre los inculpados nada menos que el almirante Luis Giampietri Rojas, fallecido antes de ver terminados los procesos y declarado inocente, como realmente lo son los que intervinieron para acabar con el motín.
Como si todo lo narrado no fuese poco, se aprueba y se promulga una ley de amnistía, pero ¡oh sorpresa! El Poder Judicial llamado a cumplir la ley y por supuesto a aplicarla, se niega a hacerlo sustentado su posición en meros prejuicios y no en valederas razones.
Por eso nos preguntamos ¿con qué cara se puede pedir que las Fuerzas Armadas y Policiales, cumplan con sus sagrados deberes con la patria, si es que la patria los maltrata e incluso, como también hemos visto, se las descabeza irresponsablemente.
Es destacable la defensa que hace el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respecto a militares y policías amnistiados, pero penosamente no reconocido ello por jueces y fiscales.
