Tras la condena de 15 años contra la expareja presidencial por lavado de activos, la Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior inició diligencias preliminares contra los magistrados que dictaron sentencia, a raíz de una denuncia interpuesta por Ollanta Humala.
El expresidente Ollanta Humala Tasso presentó una denuncia contra los jueces que lo sentenciaron junto con su esposa, Nadine Heredia, lo que ha motivado que la Fiscalía de la Nación ordene abrir una investigación preliminar contra esos magistrados.
La medida se da en el contexto del proceso en que el Poder Judicial dictó una sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad contra Humala y Heredia por el presunto delito de lavado de activos relacionado con aportes irregulares para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Según la denuncia presentada por Humala, los jueces Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado —quienes integraron el colegiado que dictó sentencia— podrían haber incurrido en presuntos delitos funcionales como abuso de autoridad, omisión o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.
La Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior dispuso el inicio de diligencias preliminares de investigación, que incluyen la toma de declaraciones de los magistrados, del propio Humala y del procurador público del Poder Judicial. Asimismo, se solicitó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) que remita información relacionada con las quejas funcionales que el expresidente ha presentado contra estos jueces desde abril de 2025 hasta la actualidad.
La denuncia también se extiende a una especialista legal vinculada al tribunal que emitió la sentencia. La Fiscalía evaluará en las próximas semanas si existen indicios suficientes para que la indagación avance a una investigación formal.
Este nuevo capítulo en el caso Humala-Heredia se suma a la serie de recursos legales y cuestionamientos que el expresidente ha planteado tras la condena judicial, en medio de debates sobre el debido proceso y el acceso a la sentencia escrita para poder ejercer sus derechos de defensa.
