El Poder Judicial declaró culpable a María Caruajulca Quispe, actual procuradora general del Estado, por no cumplir con sus deberes funcionales, en un fallo que pone en duda su continuidad al frente de la defensa jurídica del Estado peruano.
El Poder Judicial declaró culpable a María Caruajulca Quispe, titular de la Procuraduría General del Estado, por los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales, en una sentencia leída por la jueza Carolina Huamaní Reyes, que constituye un hecho inédito en la máxima instancia encargada de la defensa jurídica del Estado peruano.
Según el fallo, Caruajulca incurrió en estas faltas al negar de manera reiterada la entrega de información pública relevante, lo cual vulnera los principios de transparencia y acceso a la información, y contraviene los deberes propios de su cargo.
El caso se remonta al periodo en que la funcionaria se desempeñó como procuradora de la Municipalidad de Comas, donde se negó a entregar la relación de denuncias presentadas bajo su gestión, a pesar de que esa información tenía carácter público. Esta conducta fue denunciada penalmente en 2020 por Dylan López, presidente de la Asociación Líderes en Fiscalización y Anticorrupción de Lima Norte.
Durante la audiencia, la jueza consideró probado que Caruajulca impuso órdenes directas para negar solicitudes de información, conducta que calificó como dolosa y contraria a la normativa vigente.
Caruajulca anunció que presentará un recurso de apelación contra la sentencia. En caso de ratificarse la decisión judicial, la funcionaria deberá pagar una reparación civil de mil quinientos soles a favor del denunciante, además de 30 días multa. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de ocho meses de prisión, el juzgador determinó que no se ejecutará debido a que la procuradora no cuenta con antecedentes penales, pero quedó sometida a reglas de conducta evaluadas periódicamente.
La Procuraduría General del Estado es la entidad encargada de la representación y defensa jurídica del Estado frente a situaciones que involucren a ministros, congresistas y al propio presidente de la República. La condena impuesta a su máxima representante ha generado incertidumbre sobre su permanencia en el cargo, ya que la normativa vigente establece que un procurador no puede ejercer la función si tiene una condena dolosa.
