Candidatos y ciudadanos alertan sobre supuestas restricciones impuestas por Jurados Electorales Especiales (JEE) que habrían sancionado o iniciado procesos contra mensajes con referencias religiosas, lo que ha generado un intenso debate sobre libertad religiosa y derechos fundamentales en plena contienda electoral.
En el marco de la campaña electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, diversos aspirantes a cargos públicos han denunciado una presunta censura ideológica por parte de los organismos electorales, luego de que algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) sancionaran o iniciaran procesos contra mensajes publicitarios y frases con referencias religiosas como parte de la propaganda de campaña.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente sobre este tema en sus redes sociales, donde advirtió que ciertos jurados estarían incurriendo en una “preocupante persecución ideológica” contra candidatos de fe cristiana que utilizan lemas como “Dios, familia y patria” o invocaciones a Dios en su discurso.
Muñante calificó estas actuaciones como una afectación directa a la fe y una amenaza a los derechos fundamentales de los peruanos, señalando que la aplicación de una norma electoral que llevaba años sin uso —según su interpretación— estaría siendo empleada para restringir expresiones religiosas en la campaña.
El debate se intensificó con el surgimiento de varios casos, entre ellos la observación de mensajes con contenido religioso por parte de un JEE y la apertura de procesos sancionadores contra postulantes por el uso de frases como “Con Dios haremos historia”. Estas acciones han sido calificadas por los denunciantes como actos de censura ideológica en vez de una verdadera fiscalización de propaganda.
Por su parte, juristas y especialistas han señalado que la Constitución protege la libertad de expresión y la libertad religiosa, siempre que las expresiones no inciten a la violencia ni vulneren los derechos de terceros, abriendo así una discusión más amplia sobre los límites de la neutralidad del Estado y la regulación del discurso político durante las campañas.
El debate se produce en un momento en que diversos casos de fiscalización electoral, incluidos procesos por supuesto uso indebido de lenguaje religioso, han reavivado el debate público sobre cómo equilibrar la regulación de la propaganda política con el respeto a las creencias personales y los derechos fundamentales.
